CiU quiere que los partidos puedan seguir renegociando créditos y se les dé 10 años para reestructurar su deuda

El grupo parlamentario de CiU ha presentado una serie de enmiendas a las leyes anticorrupción del Gobierno para, entre otras cosas, que los partidos puedan seguir renegociando sus créditos con los bancos siempre que lo comuniquen al Tribunal de Cuentas en los tres meses siguientes al acuerdo.

La idea del Gobierno es, no sólo prohibir las condonaciones de deuda, sino también las operaciones de renegociaciones de los créditos por debajo de los precios de mercado. Pero CiU quiere eliminar ese inciso y permitir renegociaciones, con la condición de que el acuerdo resultante se comunique al Tribunal de Cuentas "en el plazo de 3 meses desde que se haya alcanzado".

Y en otra de sus enmienda, a las que ha tenido acceso Europa Press, propone que a los partidos políticos se les dé diez años para reeestructurar su deuda y equilibrar sus balances, de tal manera que hasta el año 2025, antes del 30 de junio, no tengan que presentar "las cuentas anuales consolidadas" del año anterior en el Registro de Partidos "junto con la justificación del Tribunal de Cuentas conforme su correcta presentación".

AYUDAS PARA REESTRUCTURAR LA DEUDA

No obstante, en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de la presente ley, se reclama al Gobierno "un plan extraordinario de medidas administrativas y financieras de apoyo a la reestructuración financiera de los partidos políticos destinadas a facilitar el ajuste estructural y presupuestario de aquellos partidos que se encuentren en una situación de desequilibrio financiero, a causa de una significativa reducción de sus ingresos".

Además, y si el Gobierno propone eliminar todas las donaciones de personas jurídicas a los partidos políticos, los nacionalistas piden permitir aquella que den sus grupos parlamentarios o municipales o las que un partido dé a la coalición electoral de la que forma parte.

También quiere eximir de tributación las ayudas que los partidos reciben de sus propios grupos municipales y autonómicos y elevar el máximo desgravable por aportaciones a partidos políticos, pasando de 600 a 1.000 euros anuales. Del mismo modo, plantea la aplicación del micromecenazgo a los actos de partido.

Y, en cambio, proponen aumentar las subvenciones electorales en las elecciones municipales, a la vez que recortan las de las elecciones generales y las ayudas al envío gratuito de propaganda electoral.

CiU tampoco quiere que a los partidos, a la hora de contratar, se les apliquen los principios de concurrencia, publicidad, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. "Los partidos políticos tienen una actividad propia y singularizada que requiere de una privacidad y una flexibilidad para el desarrollo de sus funciones ordinarias", sostiene.

Igualmente, reclama más tiempo, hasta el 30 de junio en lugar del 31 de marzo, para que los partidos remitan al Tribunal de Cuentas sus cuentas anuales consolidadas, y limita la comparecencia parlamentarios de los tesoreros de los partidos a aquellos casos en que se han detectado "infracciones graves o muy graves" en la contabilidad.

LAS DONACIONES, DATOS "ESPECIALMENTE PROTEGIDOS"

Eso sí, quieren evitar que se publique el listado de donantes a partidos políticos: "Los datos contenidos en la relación anual de donaciones efectuadas por personas físicas a partidos políticos serán considerados datos especialmente protegidos de acuerdo con la Ley orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal", subraya otra enmienda.

Los nacionalistas de CiU consideran excesivas las sanciones por superar el límite legal de financiación y quiere eliminar la multa mínima de 50.000 euros. "El aumento de las sanciones del doble al quíntuplo por el sometimiento de las infracciones lo consideramos más que suficiente", señala una de las enmiendas.