El Código Penal castiga con cárcel divulgar escritos que nieguen o "trivialicen" el genocidio, que serán destruidos

El articulado del anteproyecto, recogido por Europa Press, contempla medidas para la destrucción de los documentos, archivos o materiales por medio de los cuales se hubiera cometido este delito, así como para impedir el acceso a los mismos.

El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves el anteproyecto de reforma del Código Penal por el que se introduce la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad cumplida la pena en los casos de mayor gravedad.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha llevado a la mesa del Consejo de Ministros este nuevo Código Penal que calcula que estará en vigor en el plazo de un año.

Ruiz-Gallardón, que ya presentó el pasado 14 de septiembre en el Consejo un informe previo al anteproyecto, ha anunciado este jueves diversas novedades que introduce el texto.

Entre ellas, ha citado ha citado la nueva regulación de las conductas de incitación al odio y la violencia que recoge el criterio del Tribunal Constitucional y la trasposición de una decisión marco de la Unión Europea.

HASTA CUATRO AÑOS DE CÁRCEL POR INCITAR AL ODIO CONTRA MINORÍAS

El nuevo texto penal tipifica dos conductas, imponiendo una pena de prisión de uno a cuatro años y una multa de seis a doce meses a quienes fomenten, promuevan o inciten al odio o la violencia contra grupos o individuos por motivos racistas, antisemitas u otros relativos a su ideología, religión, etnia, orientación sexual, enfermedad o discapacidad.

Asimismo, la Ley penal castiga aquellas acciones que entrañan una humillación o un menosprecio para estos grupos lesionando su dignidad.

De otra parte, se sanciona con una pena de prisión de seis meses a dos años y una multa de seis a doce meses la producción o distribución de materiales que por su contenido sean idóneos para incitar al odio o a la violencia contra las minorías, el enaltecimiento o la justificación de los delitos de los que pudieran haber sido objeto.

Castiga también la negación, apología o "trivialización grave" del genocidio, los delitos de lesa humanidad o los cometidos en conflicto armado contra una minoría cuando se favorezca el odio o la violencia. La difusión en Internet o en medios de comunicación de los contenidos que fomenten el odio tendrá un mayor reproche penal.

La regulación agrava las penas en el caso de que estos delitos hayan sido cometidos por organizaciones delictivas e incluye la responsabilidad de las personas jurídicas. Gallardón ha defendido el compromiso del Gobierno en la lucha contra la "lacra" del racismo, la xenofobia y el odio ideológico.