La Comisión Anticorrupción del Congreso aprobará mañana el informe de la subcomisión sobre financiación de partidos

La comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales del Congreso tiene previsto aprobar este miércoles el informe de la subcomisión sobe financiación de partidos políticos pactado por PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos en el que se recogen un total de 75 recomendaciones sobre este tema.

El informe fue aprobado por la subcomisión la semana pasada en una bronca sesión. Tanto PNV como el PDeCAT, pero sobre todo el PP, no recibieron bien que PSOE, el grupo confederal y los de Albert Rivera hubieran acordado un texto al margen de la subcomisión y no lo respaldaron. En concreto, PNV y el PDeCAT se abstuvieron y los 'populares' decidieron no votar y dedicaron duras críticas a sus promotores.

El miércoles ese informe será ratificado por la comisión que preside el diputado naranja, Toni Cantó, y previsiblemente, el resultado será el mismo. Ese debate será ya abierto a los medios de comunicación, a diferencia de los que han tenido lugar en seno de la subcomisión, que se reúne a puerta cerrada.

Una vez que el informe sea avalado por la comisión, será elevado al Pleno del Congreso para su aprobación definitiva. Las recomendaciones podrán transformarse después en iniciativas legislativas que los promotores del mismo no descartan impulsar conjuntamente.

El PP ya ha adelantado que acudirá a la reunión de la comisión para presentar como voto particular la propuesta de dictamen que ellos registraron hace cinco meses. También presentará su propio texto el PDeCAT, según ha adelantado a Europa Press su portavoz en este órgano, Lourdes Ciuró, y también podría hacer lo propio el PNV.

El informe de la subcomisión sugiere actualizar el régimen jurídico de los partidos políticos con la inclusión de primarias para la elección de candidatos a la Moncloa y los gobiernos autonómicos y locales con una determinada población. Piden también que no haya una exigencia "excesiva de avales" para concurrir, que la financiación de las campañas sea transparente y que se busque un "procedimiento singularizado" para que las primarias reciban algún tipo de financiación pública.

Asimismo, apuestan por reformar el Tribunal de Cuentas para reforzar su independencia --que sus miembros tengan las mismas incompatibilidades que los jueces--, su capacidad de control e investigación sobre las cuentas de los partidos y también de imponer medidas coercitivas y sanciones. En concreto, piden que puedan retener las subvenciones públicas a los partidos que no le remitan su contabilidad.

ENDURECER EL RÉGIMEN PENAL

En el plano penal, demandan revisar el delito de financiación ilegal de los partidos para rebajar "significativamente la cuantía mínima que da lugar a los supuestos con penas de prisión", así como tipificar la manipulación de las cuentas anuales. Quieren que los que se financien ilegalmente a través de actos de corrupción de sus cargos públicos u orgánicos se hagan responsables patrimonialmente de dichos actos. Sobre las sanciones administrativas, demandan extender los plazos de prescripción de las conductas ilícitas.

Según estos grupos, la reforma de la Ley de Financiación de Partidos debería contemplar como sancionables la aceptación de donaciones finalistas, revocables o procedentes de personas o empresas que tengan contratos con el sector público. También aspiran ampliar el catálogo de "faltas graves", incluyendo, por ejemplo, la incorrecta identificación de los donantes.

Además de medidas para obligar a los partidos a ser totalmente transparentes en lo organizativo y lo económico, el informe prevé reforzar los mecanismos internos de control con la creación de unidades de fiscalización independientes, códigos éticos y regímenes disciplinarios. Otra de las recomendaciones es reforzar la figura del tesorero o gerente para que pueda fiscalizar la organización a todos los niveles territoriales y sectoriales.

MÁS SUBVENCIONES A QUIEN CUMPLA

PSOE, Unidos Podemos y Cs abogan recoger en la Constitución el principio de que los partidos deben contar con un nivel de financiación suficiente para realizar su labor de canalizadores de la participación política. Respecto a las subvenciones que reciben, piden ordenar el sistema vigente para su concesión --ahora demasiado heterogéneo-- y unificar su regulación jurídica.

Primar en las subvenciones a los partidos que cumplan determinados objetivos como la celebración de primarias, el equilibrio de género en las listas u órganos, la limitación de mandatos o ciertos niveles de transparencia es otra de las propuestas. También apuestan por que, vía Presupuestos Generales del Estado, se fije un tope anual para las ayudas económicas que reciben los grupos parlamentarios municipales que ahora son muy dispares.

Respecto a la financiación privada sugieren garantizar la trazabilidad de los ingresos. Y en lo relativo a las fundaciones, piden limitar las donaciones de personas físicas máximas por año y persona y publicar la identidad de los donantes por encima de un determinado umbral que no especifican. Además, las fundaciones deberán someterse a los controles y obligaciones contables de los partidos, publicar informes anuales sobre las donaciones que perciben e informar al Tribunal de Cuentas también de su actividad no vinculada al partido.

Entre las propuestas también destacan regular los microcréditos y el 'crowdfunding', así como un 'mailing' electoral que evite gastos innecesarios y garantice el pluralismo y la igualdad, aunque no hablan específicamente de un correo único con todas las candidaturas.