Comparece como investigado un exdirector regional acusado de prevaricación en la incineradora de Valdemingómez

Un total de 36 personas, familiares de fallecidos o que padecen graves enfermedades que pudieran presuntamente relacionarse con la actividad de la incineradora de Valdemingómez, presentaron el pasado 24 de noviembre una denuncia penal en los juzgados de Plaza de Castilla contra Trigueros, que en el año 2008 emitió la autorización ambiental a la incineradora.

Los denunciantes entienden que esa autorización se realizó sin Estudio de Impacto Ambiental previo y remarcan que hay afectados por dolencias que relacionan con la actividad de la planta 15 mujeres y 21 hombres (15 ya han fallecido).

Según señala el auto por el que se ordena la apertura de diligencias previas, al que ha tenido acceso Europa Press, "las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

Por su parte, la plataforma de Afectados por la Incineradora de Valdemingómez asegura que hay 9 personas afectadas con cáncer de pulmón, cinco de próstata, cuatro de mama y el resto con diversas dolencias como cáncer de colon, linfoma, cáncer en el cerebro, fibromialgia, cáncer de páncreas, piel, vejiga, útero, vaginal, lengua y leucemia.

Expone además que los afectados tuvieron su domicilio o lugar de empleo en Rivas Vaciamadrid; 32 de ellos a una distancia entre 4,80 y 5,56 kilómetros de la incineradora y los cuatro restantes entre 6,42 y 7,5 kilómetros.

En la denuncia aseguraban que desde su puesta en marcha en 1993, 32 personas afectadas han sufrido las emisiones de la incineradora, por su domicilio o empleo, durante más de 12 años, antes de ser diagnosticados de su enfermedad. Los cuatro afectados restantes han sido diagnosticados de su enfermedad, entre 2 y 8 años después de vivir o trabajar en las proximidades de la incineradora.

La denuncia se amparó en estudios que "respaldan la hipótesis de un incremento significativo del riesgo de muerte por cáncer en las localidades próximas a incineradoras". Por ello consideran que las enfermedades, de ellas mismas o de sus familiares, pudieran ser consecuencia de las emisiones tóxicas de la incineradora y el complejo de Valdemingómez.

La empresa propietaria de la incineradora, exponen, tuvo que solicitar una Autorización Ambiental Integrada (AAI) y la obtuvo en el año 2008, pero sin realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) previo y sin que la Administración medioambiental de la Comunidad de Madrid se lo requiriera.

Por ello los denunciantes consideran que la resolución del entonces director general de Evaluación Ambiental se resuelve de manera "arbitraria e injusta", al conceder la autorización, sin prestar "atención a los efectos que sobre la salud de las personas y el medio ambiente", según recoge la denuncia. Además de la denuncia, los denunciantes iniciarán una campaña de recogida de firmas por Internet.