Compromís propone una normativa para prohibir la destrucción de alimentos en buen estado por los comercios

En la resolución, Compromís pide que se establezcan los mecanismos "necesarios" para que los alimentos todavía aptos para el consumo, que sobren de los mercados, grandes superficies y cadenas comerciales, "sean distribuidos a través de convenios con los Ayuntamientos o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro".

Asimismo, ha pedido que se garantice el abastecimiento de un red de bancos de alimentos repartidos por el territorio valenciano, con al menos uno en cada municipio mayor de 10.000 habitantes, de forma que se puedan distribuir los alimentos, así como a través de ONG o de otros tipos de entidades solidarias.

Compromís explica en la exposición de motivos que, según el último informe de Cáritas, el número de familias por debajo del límite de pobreza ha alcanzado el 24 por ciento del total de los hogares de España, lo que quiere decir que estas familias viven con menos de 627 euros al mes.

Además, según datos del INE, el 36 por ciento de las familias valencianas no tienen capacidad económica para afrontar gastos imprevistos, como puede ser la reparación de electrodomésticos o actividades extraescolares para sus hijos.

En esta línea, Compromís ha indicado que, según estadísticas publicadas por la Unión Europea (UE), el Estado Español es el territorio europeo donde más ha aumentado la pobreza y que representa el 10,7 por ciento del total de la UE.

Ante esta situación, ha indicado que una de las "paradojas" con las que se encuentran es ver como muchas de las superficies comerciales dedicadas a la alimentación lanzan a los contenedores toneladas de alimentos todavía aptos para el consumo, "mientras que centenares de miles de familias tienen dificultades para llegar a fin de mes".

Por este motivo, Compromís ha señalado que la "brutalidad" de los datos aportados obliga a las administraciones públicas a hacer frente a esta situación "con todos los elementos que se tengan a las manos".