Condenados a pagar 11.160 euros en multas los acusados de desviar 73.000 euros de la empresa pública balear Inestur

El exgerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) Antonio Oliver, el exjefe del área económica de este organismo Álvaro Llompart y el extécnico de informática Carlos Martínez, acusados de desviar 73.000 euros de la empresa pública en servicios no prestados o carentes de utilidad, han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción por el que, como condena, deberán pagar multas que en total suman 11.160 euros.

Asimismo, Martínez, beneficiario de los fondos públicos, deberá indemnizar con 25.000 euros al Inestur. Sobre todos ellos pesan un delito de negociaciones prohibidas y otro de fraude a la administración. Mientras tanto, el Ministerio Público ha retirado sus acusaciones contra el exconseller de Turismo Miquel Nadal y para la mujer de Martínez, Sandra Díaz, quienes se enfrentaban cada uno a una petición de cuatro años de cárcel.

Nadal ha sido conducido hasta la Audiencia Provincial de Baleares desde la prisión de Palma, donde ingresó en agosto de 2013. Se encuentra condenado en firme a dos años y tres meses por desviar 240.000 euros del Consell a la productora que tanto él como la expresidenta del Parlament Maria Antònia Munar controlaban mediante testaferros; a cuatro años por gratificar con 13.080 euros públicos al exalcalde de Sóller Tomás Plomer por sus trabajos en favor de UM, y a otros cuatro años por el caso Can Domenge.

El que fuese antiguo 'delfín' político de Munar se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel por presuntos delitos de malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas, mientras que también serán juzgados el exgerente del Inestur Antonio Oliver (otros cuatro años); el exjefe del área económica de esta empresa Álvaro Llompart (dos años); el extécnico y excoordinador de Informática Carlos Martínez (cuatro años), y la mujer de éste, Sandra Díaz (otros cuatro).

Todos ellos iban a ser juzgados por el tribunal de la Sección Segunda en el marco de la pieza cinco del conocido como caso Voltor. Tanto Oliver como Llompart se han declarado culpables de aprovechar el cargo que ostentaban para ponerse de acuerdo para cara a favorecer a Martínez y a su esposa, a pesar de que por su condición de empleados públicos de la Conselleria -lo que conocían el resto de inculpados- no podían prestar servicios profesionales al Inestur.

Aún así, a través de dos sociedades que Martínez habría creado expresamente para ello -Mediterránea 2F Consulting y TCP/IB Technologic, cuya administradora era su mujer-, fueron contratados entre 2007 y 2010 por servicios que no supusieron trabajo o contraprestación alguna.

Entre estos expedientes se encuentra el relativo a la instalación de cámaras web externas en hoteles de Cala Millor, Alcúdia, Santanyí, Magalluf y Palma, por más de 7.200 euros, a pesar de que éstas no contaban con los permisos previstos por la Ley. La propuesta y aprobación de los gastos de los contratos corrieron a cargo de Llompart y Oliver.

Durante la instrucción de la causa, el coordinador de Informática justificó que facturó más de 70.000 euros a la empresa dependiente de la Conselleria de Turismo, a través de dos sociedades que creó para poder cobrar las horas extra y el exceso de trabajo que desarrollaba como empleado del Inestur, todo ello, ha recalcado, siempre a instancias de los servicios jurídicos de la empresa pública.