Condenan al exalcalde de Casares (Málaga) a ocho años y medio por corrupción urbanística

La Sección Novena acogió este juicio que comenzó con el exregidor y otras ocho personas acusadas, entre ellas el responsable de la sociedad que llevó a cabo la promoción denominada Majestic. La vista oral terminó con seis procesados, después de que la Fiscalía Anticorrupción retirara la acusación para tres de los acusados inicialmente.

Así, al exalcalde se le condena por los delitos de prevaricación; malversación, con carácter continuado; otro de fraude en la contratación, cohecho y blanqueo de capitales; al tiempo que se le absuelve del delito continuado de fraude en la contratación en relación con uno de los convenios firmados, según consta en la sentencia, que no es firme y se puede recurrir.

Al promotor se le condena por malversación, fraude en la contratación, prevaricación urbanística y cohecho, imponiéndole la pena de ocho años de cárcel; mientras que a la mujer del exregidor se le impone seis meses de prisión por un delito de blanqueo de capitales y a un asesor externo se le condena a multa de 18.000 euros e inhabilitación por un delito de prevaricación urbanística.

Asimismo, se absuelve a dos de los acusados, como son el vendedor de boletos supuestamente premiados y el exedil de Urbanismo Pedro González, así como a las dos exconcejalas --Antonia Morera y Rosario Loring-- y al que fuera secretario municipal, Fernando Gallego, para los que el fiscal anticorrupción retiró la acusación.

En esta causa se investigaba la operación que a través de dos sociedades impulsó entre 2000 y 2006 la promoción denominada 'Majestic', sobre el sector urbanístico del mismo nombre, para lo que, según la acusación, se hicieron cinco modificaciones y tres convenios urbanísticos. Se consideraba que el exregidor acordó dichos trámites "con pleno conocimiento de que perjudicaban al municipio".

Ahora, la Sala considera probado que el exalcalde, "guiado por un ánimo de enriquecimiento injusto y en connivencia" con el empresario, "aprovechando el cargo público que ostentaba", pactó con dicho acusado varios convenios urbanísticos "con la única intención de beneficiar al entramado societario de Majestic, dedicado a la promoción inmobiliaria, a cambio de una contraprestación económica".

Asimismo, el Tribunal señala que para "normativizar" esos pactos urbanísticos "ilícitos" a los que habían llegado entre los años 2000 a 2005 se realizaron cinco modificaciones urbanísticas en el planeamiento municipal de Casares, con la tramitación de expedientes "plagados de irregularidades", siendo el objetivo "beneficiar a Majestic a cambio de una contraprestación económica para el entonces alcalde".

Luego, el empresario solicitó licencia de obra, que fue aprobada con informe favorable del asesor externo, al que se condena, actuando "a sabiendas de que no debían ser concedidas". La Sala entiende que el exregidor "controló y gestionó de forma exclusiva estas actuaciones urbanísticas; conocía las ilegalidades, así como que la normativa urbanística no permitía el otorgamiento de la licencia de obras finalmente concedida con su apoyo y su voto favorable".

No obstante, el Tribunal considera que no consta que el edil de Urbanismo, también acusado, "conociera de las artimañas de alcalde ni los pactos secretos e ilícitos", apuntando que actuó "subordinado ciegamente al alcalde y haciendo dejación de sus funciones como concejal", por lo que le absuelve.

BENEFICIOS

Para la Audiencia, el empresario acusado "entregó a Juan Sánchez entre los años 2000 a 2005 diversas cantidades de dinero no cuantificadas con exactitud pero, en ningún caso inferiores a 286.200 euros, con el fin de obtener un trato privilegiado y beneficioso por parte del alcalde de Casares en todas las actuaciones urbanísticas que proyectaron sobre dicho sector".

El objetivo era, según estima la Sala, "que el alcalde gestionara, dirigiera y ejecutara" las distintas operaciones urbanísticas necesarias "en beneficio de Majestic y en perjuicio del resto de los propietarios del sector y del municipio de Casares, obteniendo las mercantiles citadas pingües beneficios económicos con la desviada actuación administrativa".

El Tribunal considera probado que el exalcalde y su mujer "para aflorar el dinero ilegalmente obtenido a cambio de beneficiar urbanísticamente al entramado societario y darle apariencia de legalidad", adquirieron sociedades "para su posterior transmisión a terceras personas" de las participaciones, así como una vivienda para su hija y varios coches, haciendo, además, "ingresos injustificados".

Otra manera de "aflorar" ese enriquecimiento supuestamente ilícito fue comprar cinco boletos de lotería premiados, que cobraron y con cuyo dinero adquirieron dos locales. La Sala entiende que el vendedor de los cupones premiados no conocía en origen ilícito del dinero, por lo que le absuelve del delito de blanqueo de capitales y también de alzamiento de bienes, por estar éste prescrito.