El Congreso debate este martes si Cataluña puede convocar un referéndum de independencia

Esta proposición no de ley se registró tras la manifestación de la Diada, que tenía por lema la apuesta por un Estado propio para Cataluña, y días después, tras el anuncio de elecciones autonómicas para el 25 de noviembre, el Parlamento catalán aprobó una resolución, con los votos de CiU, ERC e ICV más abstención del PSC, instando a celebrar una consulta por la autodeterminación la próxima legislatura.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, el cumplimiento y la convocatoria de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular en su territorio, exceptuando los que la Constitución española reserva al Estado.

Según recuerda ERC en su iniciativa, recogida por Europa Press, el Parlamento catalán aprobó una Ley de Consultas para desarrollar esa competencia pero fue impugnada por el Gobierno del PSOE y suspendida por el Tribunal Constitucional alegando que la Carta Magna reserva al Gobierno central la autorización de consultas sobre asuntos de especial trascendencia.

REGISTRADA TRAS LA DIADA

La formación independentista entiende que "el referéndum debería ser un mecanismo normalizado de expresión política en cada una de las Administraciones con poder de decisión", pero "esta normalización está obstaculizada de manera incomprensible por la autorización previa estatal a cualquier referéndum de una Comunidad Autónoma o municipio".

Lo que plantea ERC, es aprovechar el mecanismo de la delegación de competencias que permite la Constitución en su artículo 150.2 para que el Pleno del Congreso inste al Gobierno central a ceder esa autorización a la Generalitat en un plazo de seis meses y así "permitir en toda su magnitud la Ley de consultas catalana e, incluso, aumentar su profundización democrática".

"Extender el derecho de participación directa de la ciudadanía respecto a las decisiones y acuerdos sobre aspectos de especial trascendencia política que afecte al ámbito estricto de las Comunidades Autónomas, haría posible una articulación del poder evidentemente más participativa", sostienen.