El Congreso debate el miércoles que la Iglesia llegue a autofinanciarse con las donaciones de los fieles

En concreto, la federación de izquierdas intentará que la Cámara Baja inste al Gobierno a establecer un calendario de plazos concretos hasta lograr que la Iglesia se financie únicamente a través de las aportaciones de sus fieles.

Así, pide poner fecha a la eliminación de los beneficios fiscales de los que disfruta esta institución, como la exención del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) --justamente uno de los impuestos que se han incrementado este año-- y la asignación tributaria que reciben a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Pero mientras se avanza por ese camino, IU emplaza al Gobierno a empezar por aplicar a la Iglesia el recorte del 20 por ciento que ya ha aprobado para los partidos políticos y las organizaciones sindicales y empresariales que, según la Constitución, son "parte fundamental en la vertebración del Estado".

"Evidentemente, --agrega la proposición no de ley-- la práctica religiosa no es un servicio público que beneficie a toda la ciudadanía y son los fieles de cada religión quienes, en su caso, deberían contribuir a la financiación de su culto, clero y actividades religiosas".

Por el contrario, IU argumenta que la Carta Magna garantiza la separación entre la Iglesia y el Estado y la no primacía de ninguna religión sobre otra, principios que, desde su punto de vista, se conculcan con el vigente sistema de financiación del que disfruta esta institución.

El año pasado más de 9.000 millones

Es más, avisa de que los 5.000 millones adicionales que el Gobierno pretende recaudar en este ejercicio con la subida del IRPF "potencialmente harán que la asignación tributaria para la Iglesia Católica pueda ser superior a la del año anterior".

En este punto, recuerdan que el Estado entrega a la Iglesia Católica más de 9.000 millones de euros anuales entre aportaciones directas e indirectas: asignaciones tributarias vía IRPF, exenciones en distintos tributos, financiación de profesores de religión y funcionarios capellanes, transferencias para asistencia sanitaria y obra social, mantenimiento de patrimonio artístico de su propiedad, y otras subvenciones y financiación de eventos religiosos o para asociaciones de ámbito local.