El Congreso, con el voto del PP, permite dar un crédito a Defensa para "ponerse al día" con la industria armamentística

El Pleno del Congreso, con el voto del PP y del diputado de UPN, ha convalidado este jueves el decreto ley del Gobierno para dar al Ministerio de Defensa un crédito extraordinario de casi 1.800 millones de euros con el fin de "ponerse al día" con la industria armamentística y abonar compromisos pendientes de 2010 y 2011. La medida ha contado con el rechazo de la oposición, que ha criticado tanto las formas como el objeto de la propuesta.

Ese decreto ley, en vigor desde la aprobación por el Gobierno alegando razones de "extraordinaria y urgente necesidad", permite a Defensa disponer de 1.782,77 millones de euros para abonar compromisos que vencieron estos últimos años.

El 65% de esos fondos se destinarán a facturas pendientes del programa Eurofighter, en el que España participa junto a Italia, Alemania y Reino Unido. También hay 242,3 millones de euros para los carros de combate 'Leopardo' de General Dynamics-Santa Bárbara; 187,8 millones de euros para los buques de acción marítima de Navantia y 76,3 millones para los helicópteros 'Tigre' que fabrica Eurocopter, entre otros.

LO PEDÍAN LOS COMITÉS DE EMPRESA

Al presentar la medida ante el Congreso, el ministro Pedro Morenés ha señalado que la propia industria de Defensa, desde las cúpulas directivas hasta los comités de empresa, venía reclamando una solución porque "a todo el mundo le gusta que le paguen las cosas que ha hecho".

En su opinión, este crédito extraordinario permitirá aliviar la difícil situación contable de las empresas nacionales de Defensa y contribuirá al mantenimiento de los empleos y a la recuperación de la credibilidad de España como "cliente y socio". "La industria de Defensa es necesaria y genera riqueza", ha recordado.

Morenés culpa al Gobierno socialista de la "compleja situación" creada por los pagos pendientes de los programas armamentísticos, pues en 2009 puso un techo de gasto a los programas especiales de armamento, pero entiende que el actual Ejecutivo "tiene que pagar sus deudas y lo hace por criterios de responsabilidad y de credibilidad".

Eso sí, ha avisado de que "poner el contador a cero" sólo es "el primer paso" y a partir de ahí habrá que sentarse a negociar con las empresas el futuro de estos programas pactados con la industria, que suponen unos 31.000 millones de euros a pagar hasta 2025. "Esto es un paso esencial, pero no es el único paso", ha señalado, ofreciendo diálogo a la oposición.

El PSOE, que ha ejercido el turno en contra para tratar de tener un debate 'cara a cara' con el ministro pero el Gobierno ha declinado contestarle, ha rechazado la medida criticando tanto la forma como el fondo del decreto ley.

Según su portavoz, Diego López Garrido, no tiene sentido recurrir a procedimiento de urgencia del decreto ley cuando el vencimiento de los compromisos se conocían desde hace quince años, pues proceden de contratos firmados en la etapa de José María Aznar. "Es un crédito extraordinario para una compra nada extraordinaria", ha señalado.

NO ES POR NO PAGAR

Tras resaltar que "nadie habla de no pagar" las facturas, sino de renegociar los contratos, López Garrido ha cuestionado las prioridades del Gobierno a la hora de atender compromisos pendientes: "No hay dinero para políticas sociales y sí hay dinero para la industria armamentística", ha dicho.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), José Luis Centella, quien considera que, en esta coyuntura de crisis, las empresas de armamento tendrían que esperar a cobrar como les ocurre a muchos ciudadanos.

La diferencia, en su opinión, es la procedencia profesional del ministro de Defensa, ligado en los últimos años a la industria armamentística. "Usted viene aquí como representante de la industria que viene a cobrar sus facturas, como hay miles de empresas con facturas pendientes, pero no tienen un ministro que venga al Congreso a plantearlo", ha dicho.

También Irene Lozano, de UPyD, ha incidido en la trayectoria profesional de Morenés y, aunque comparte el principio general de que hay que pagar las deudas, cree que el ministro ha hecho un "discurso de lobbista" de las grandes empresas, pero sin garantizar que los pequeños proveedores vayan a cobrar.

Para Alfred Bosch, de Esquerra Republicana (ERC), el Gobierno debería preguntarse si "realmente es decente" destinar este dinero a la industria armamentística en un contexto de recortes y puso en duda la utilidad de esas armas, salvo que se quiera emprender "otra calaverada en el exterior" o incluso "intervenir en alguna parte del territorio del Estado".

Igualmente, Joan Baldoví, de Compromís-Equo, se ha quejado de que el Gobierno deje claro cuáles son sus prioridades de gasto: "No hay dinero para las personas, pero sí lo hay para las armas", ha lamentado.

Los nacionalistas Arantza Tapia (PNV) y Jordi Xuclà (CiU), centraron sus críticas en las formas, reprochando al Gobierno el mecanismo del decreto ley sin esperar a los Presupuestos Generales que deben presentarse en próximas semanas.

"Nos traen esto con prisas", ha dicho Tapia. "El Gobierno ha hurtado al Parlamento el debate de la partida más importante de Ministerio de Defensa --ha añadido Xuclà--. Es un defecto de forma importantísimo".

EL "SIMPA" DEL PSOE

Por parte del PP, Vicente Ferrer centró sus críticas en el PSOE, acusando a los socialistas de ha haber hecho un "simpa" con las industrias armamentísticas. "Ustedes invitan y otros pagan. A mí no me inviten a almorzar", ha comentado.

En su opinión, "las deudas no tienen más alternativa que pagarlas", y ha aconsejado a las minorías de izquierda que "pongan los pies en el suelo" y asuman la necesidad de tener inversiones en Defensa, pues el presupuestos español es el de los más bajos de la UE en relación con el PIB.

A la hora de votar, sólo los diputados del Grupo Popular y el de UPN, Carlos Savador, que se presentó en coalición con el PP, han apoyado la convalidación del decreto ley. Juntos han rechazado que la medida se tramite como proyecto de ley, impidiendo toda posibilidad de introducir cambios en su redacción.