El Congreso examina mañana los recursos de PSOE e IU al veto de sus mociones sobre la actuación de Rajoy

La Junta de Portavoces del Congreso tiene previsto examinar este martes los recursos de reconsideración planteados por el PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ante la decisión de la Mesa de la Cámara de vetar sus respectivas mociones de rechazo al comportamiento del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre el llamado 'caso Bárcenas' y que buscaban rechazar expresamente las "mentiras" que, a su juicio, vertió el jefe del Ejecutivo en su comparecencia parlamentaria del pasado 1 de agosto.

Tal y como establece el Reglamento de la Cámara estos recursos han de ser analizados en primer término por la Junta de Portavoces, aunque decisión definitiva sobre los mismos corresponderá después a la Mesa del Congreso. De momento no está prevista ninguna reunión del órgano de gobierno de la Cámara hasta la semana que viene.

La Mesa del Congreso centró su veto a la moción del PSOE sobre el 'caso Bárcenas' en los puntos que buscaban cuestionar la versión que Mariano Rajoy ofreció el 1 de agosto y los que pretendían la exigencia de responsabilidades políticas, pero no puso reparos a otros apartados como los relativos al rechazo político a la utilización de la "mentira" por parte del presidente del Gobierno.

El órgano de gobierno de la Cámara tumbó los párrafos de la moción socialista en los que el PSOE pretendía "constatar" con ejemplos que Rajoy no contó la verdad en el Senado por "no ser congruentes con la interpelación" original, que versaba como la rendición de cuentas ante el Parlamento. Lo mismo pasó con los puntos en los que se "deplora" que el presidente faltara a la verdad y se le exigían responsabilidades políticas, alegando que eso sería "una moción de censura encubierta" que no encaja en la legislación.

POSADA ABRIÓ LA PUERTA A VOTAR OTRO TEXTO

Pero la Mesa, en su resolución, no dijo nada del resto de puntos de la moción, lo que abunda en las palabras del miércoles del presidente del Congreso, Jesús Posada, acerca de que, si el PSOE presenta una nueva redacción ajustada a Reglamento, la Mesa de la Cámara no tendría inconveniente en permitir su debate y votación.

De hecho, el órgano de gobierno de la Cámara no se pronunció sobre los dos primeros puntos de la moción, en los que se afirma que "para hacer reales y efectivos los principios de responsabilidad política y rendición de cuentas es una exigencia imprescindible que los miembros del Gobierno respondan ante el Parlamento facilitando una información rigurosa y, en todo caso, no faltando a la verdad".

"Estos principios quedarían debilitados si un miembro del Gobierno pudiera faltar a la verdad ante la Cámara sin que ésta le exigiera el correspondiente ejercicio de responsabilidad política", añade el segundo punto.

Tampoco comenta nada la Mesa del Congreso de los puntos 6 y 7 de la moción vetada, en los que se insta al Congreso a considerar "rechazable" la utilización de la mentira en sede parlamentaria y a lamentar "el quebranto que provoca en el crédito de las instituciones democráticas entre la ciudadanía".

El último punto 'indultado' por el órgano de gobierno de la cámara perseguía que el Congreso considerase "especialmente rechazable y lesivo para los principios de responsabilidad política y rendición de cuentas que quien incurra en falsedad ante el Parlamento sea el Presidente del Gobierno, que fue depositario de la confianza de la Cámara en el momento de su investidura".

NO SON MOCIONES DE CENSURA

En los recursos que este martes analizará la Junta de Portavoces, PSOE e Izquierda Plural defienden la "congruencia" de sus respectivas mociones con las interpelaciones de las que son consecuencia y con el desarrollo del debate en que se sustanciaron. El PSOE interpeló sobre este asunto a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, mientras que Izquierda Plural lo hizo al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Ambos grupos también coinciden en rechazar el argumento esgrimido por el órgano de gobierno de la Cámara de que sus respectivas mociones puede interpretarse como una "moción de censura encubierta".

En concreto, el PSOE descarta que el objeto de texto pueda ser siquiera equivalente al de la moción de censura, "en cuanto que lo que se propone a la Cámara no es que vote la sustitución del presidente, ni siquiera la desaprobación general de su gestión, sino que, tras constatar las falsedades en que ha incurrido y considerar rechazable la utilización de la mentira en sede parlamentaria, rechace consecuente y concretamente las falsedades previamente constatadas y le inste a asumir sus responsabilidades por su inaceptable conducta".

Por su parte, IU-ICV-CHA critica que la Mesa de la Cámara considere que su texto supone una moción de censura encubierta "sin la más mínima motivación", estableciendo así de nuevo "un filtro previo" a las iniciativas parlamentarias a través de "un juicio de valor o de oportunidad política" que, en la práctica, es "un bloqueo sistemático".

"La Mesa emite un juicio de valor arbitrario y partidista al considerar que la moción presentada se trata de una moción de censura encubierta", insiste Izquierda Plural, quien apunta que en su moción existe, al contrario de lo que sostiene el órgano de gobierno de la Cámara, una "nítida" vinculación con el debate parlamentario que le antecede y de éste con la redacción de su propuesta.

DECISIÓN ARBITARIA Y SUBJETIVA

El grupo parlamentario que capitanea Cayo Lara sostiene que el bloqueo del debate y posterior votación de su moción se justifica únicamente por motivos de "oportunidad política", atribuyendo una intencionalidad a dicha iniciativa que no se atisba en ninguno de sus apartados".

"Es una decisión basada en una valoración subjetiva, arbitraria, carente de la más mínima motivación y sin precedentes en la Cámara que supone una vulneración del derecho fundamental de los parlamentarios a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalan las leyes", señala.

En la misma línea, desde el PSOE aducen que "los miembros de la Mesa pueden considerar que las afirmaciones del presidente no eran falsas o no compartir los términos de la moción, pero esa consideración deben hacerla en el ejercicio de su mandato representativo como diputados y nunca como miembros del órgano rector de la Cámara para impedir que la iniciativa sea tramitada".