El Congreso fija un calendario para aprobar medidas sobre financiación de partidos antes de Semana Santa

La subcomisión del Congreso que estudia medidas para mejorar el régimen de financiación de los partidos políticos ha acordado este miércoles un calendario de trabajo con intención de poder elevar al Pleno antes de Semana Santa su informe de recomendaciones en esta materia.

Inicialmente los grupos habían previsto elevar sus conclusiones a la Comisión de Calidad Democrática, contra la corrupción y para las reformas institucionales y legales durante este mismo mes, pero, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, ahora han constatado que no podrán cumplir ese objetivo.

La subcomisión se creó hace un año con el fin de evaluar la financiación y el régimen jurídico de los partidos y consensuar medidas para reforzar la independencia de los órganos reguladores y la protección de los denunciantes de corrupción, aunque finalmente renunció a abordar este último asunto al tramitar el Congreso una ley de Ciudadanos sobre el mismo tema.

LOS ÓRGANOS REGULADORES, SEGUNDO BLOQUE

Entre junio y diciembre se recibió a varios expertos en financiación y a final de año los grupos empezaron a negociar las conclusiones. Este miércoles, ante el volumen de asuntos que les quedan por tratar han preferido darse más margen, teniendo en cuenta, además, que varios miembros de la subcomisión participan, asimismo, en otros órganos del Congreso como la comisión de investigación sobre la finanzas del PP, que también tiene un calendario apretado de actividad en las próximas semanas.

Así, los grupos han acordado mantener reuniones semanales de aquí a mediados de marzo con la idea de poder cerrar sus trabajos antes de Semana Santa y elevar su informe de conclusiones al Pleno del Congreso a más tardar en abril. Una vez finalicen ese trámite, la subcomisión convocará una nueva ronda de comparecencias sobre su segundo tema de estudio, el refuerzo de la independencia de los órganos reguladores.

Los partidos están intentando redactar un documento de conclusiones que cuente con el mayor respaldo posible, aunque no todos están igual de interesados en introducir cambios en el modelo actual.

El PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos son más proclives a plantear propuestas para regular la organización interna de los partidos políticos que PP y el PNV. Estos dos últimos, también se muestran más reacios que el resto a cambiar el sistema de financiación de estas organizaciones, aunque aquí hay más puntos de acuerdo.

Los cuatro coinciden en que los fondos públicos deben mantenerse a un nivel suficiente para garantizar que los partidos puedan cumplir con su función de canalizar la participación política, pero creen que han de contar con más financiación privada y están buscando consensos sobre cuáles serían las mejores fórmulas para conseguirla.

DESGRAVAR LA CUOTA

Una de las opciones sobre las que hay más consenso es la de reforzar los incentivos fiscales a la financiación de las formaciones políticas, aumentando las desgravaciones por las cuotas de afiliación y las aportaciones a los partidos, que actualmente están fijadas en un 20% con un máximo de 600 euros anuales.

Sin embargo, según pusieron de manifiesto algunos de los comparecientes este es un instrumento que hay que manejar con cuidado porque, supone menos ingresos para el Estado dado que implica una caída en la recaudación.

Unidos Podemos pone pegas al incremento de los incentivos fiscales y defiende la utilización de las nuevas tecnologías para fomentar las microdonaciones mediante pasarelas de pago o los micropréstamos ciudadanos a través de contratos de carácter civil.

PUBLICAR QUIÉN Y CUÁNTO DONA

Además, la mayoría aboga por regular el 'crowdfunding' y por avanzar en la transparencia total obligando a los partidos a publicitar la trazabilidad completa de las aportaciones privadas que reciben, especificando donante, cantidad, fecha, etc...

Tomando ejemplo de lo que se hace en Alemania o Nueva York, Ciudadanos es partidario de introducir la denominada 'compensación de fondos' (matching funds) que consiste en vinculan las subvenciones a los fondos que los partidos hayan obtenido de aportaciones privadas.

Este sistema puede adquirir diversas formas, como imponer un límite a las subvenciones públicas que sólo pueda ser sobrepasado si se alcanza cierta cantidad de contribuciones privadas u otorgar por cada euro procedente de un particular un euro o fracción en forma de subvención, con los topes que se establezca.

Asimismo, está sobre la mesa la idea de usar las subvenciones para incentivar determinados comportamientos de los partidos, primando a los que celebren primarias, tengan órganos paritarios o alcancen determinados niveles de transparencia. Esta fórmula la defienden PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, pero el PP la rechaza.

PARIDAD EN LOS ÓRGANOS INTERNOS

El informe redactado por los letrados, basándose en las exposiciones de los comparecientes, destaca la "laxitud" que caracteriza la regulación sobre el funcionamiento interno de los partidos y recuerda que el artículo 6 de la Constitución, que fija que su estructura y funcionamiento han de ser democráticos, apenas se ha desarrollado.

Pero este es uno de los puntos que suscita mayor desacuerdo, principalmente por la negativa del PP a regularlo, y su debate se ha aparcado, de momento, al igual que todo lo relativo a las primarias. No obstante, sí se han aprobado algunas enmiendas como la de Unidos Podemos para que la futura legislación blinde la paridad en los órganos internos, para que la representación de ninguno de los dos sexos pueda quedar por debajo del 40%.

Otro de los puntos en los que el acuerdo parece complicado y que ha quedado aparcado de momento es el relativo a una nueva regulación de las fundaciones vinculadas a los partidos políticos, aunque sí hay una mayoría que apuesta por regular, como ha propuesto el PNV, las aportaciones que estas entidades puedan realizar los partidos.

CERRAR LA VÍA OPACA DE LAS FUNDACIONES

Y es que los expertos que han tratado este tema ante la comisión han coincidido en que la actual legislación deja un resquicio para que las fundaciones financien a los partidos a los que están unidas de forma opaca.

La Ley de Financiación de Partidos establece que estas entidades se sometan a la auditoría del Tribunal de Cuentas y fija condiciones relativas a su financiación. Con carácter general, se aplican las reglas que rigen para los partidos políticos, pero hay algunas diferencias sustanciales.

Así, mientras los partidos no pueden recibir donaciones de personas jurídicas y hay un tope de 50.000 euros anuales para las procedentes de personas físicas, las fundaciones pueden recibirlas tanto de particulares como de empresas sin límite alguno. Sólo están obligadas a publicar las que superen los 120.000 euros.

Los expertos pusieron de manifiesto que las fundaciones pueden recabar aportaciones económicas de las formaciones políticas, trasbasarles fondos o satisfacer gastos directos de su funcionamiento ordinario. Esto provoca un corte en la secuencia de control del dinero que el Tribunal de Cuentas no puede prevenir, pues sólo fiscaliza la regularidad de las aportaciones que reciben y los gastos financiados con subvenciones públicas, un control muy inferior al que existe para las formaciones políticas.

En este contexto, el informe de los letrados apuesta por dar a las fundaciones el mismo tratamiento que a los partidos, una propuesta que únicamente ha contestado abiertamente el PNV. Los nacionalistas recalcan que un partido constitucionalmente no cumple los mismas funciones que una fundación y rechaza aplicarles el mismo baremo. No obstante, sí es partidario de regular las aportaciones que estos entes vinculados pueden realizar a los partidos políticos, lo que el resto de grupos no ve con malos ojos.