Los grupos del Congreso estudian prohibir el trasvase de fondos de las fundaciones políticas a los partidos

Los grupos parlamentarios del Congreso están estudiando incluir entre sus recomendaciones para la reforma de la financiación de los partidos que se prohíba expresamente el trasvase de fondos de las fundaciones políticas a los partidos a los que están vinculadas, una práctica que varios expertos han cuestionado por suponer una vía de financiación encubierta de las formaciones políticas.

Esta financiación opaca fue denunciada por varias de las personas que comparecieron ante la Comisión de Calidad Democrática del Congreso, en el marco de la subcomisión que se creó el pasado mes de febrero para proponer medidas destinadas a mejorar la regulación sobre la financiación de los partidos políticos.

Uno de los que puso sobre la mesa este problema fue el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, quien reclamó una reforma legal que dé más poder a este órgano para fiscalizar las cuentas de las fundaciones y que se apliquen a éstas los mismos requisitos y limitaciones que se exigen a los partidos en materia de donaciones.

Álvarez de Miranda explicó que, si bien "es cierto que no se permite a las fundaciones asumir gastos que corresponden a los partidos", en la medida en que éstas pueden hacer aportaciones a las formaciones políticas, "se produce un corte en la secuencia de control, de manera que, por vía indirecta, los partidos podrían recibir fondos que no pueden obtener directamente".

TRAS LAS COMPARECENCIAS, CONCLUSIONES

Una vez finalizadas la ronda de comparecencias, los grupos parlamentarios han empezado ya a debatir el informe de conclusiones de la subcomisión que deberán elevar al Pleno del Congreso para su aprobación definitiva.

Durante las primeras reuniones, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, se ha producido un primer debate sobre la conveniencia de asimilar el régimen de financiación de los partidos a los de las fundaciones a ellos vinculadas.

La Ley de Financiación de Partidos establece que estas entidades se sometan a la auditoría del Tribunal de Cuentas, pero éste sólo fiscaliza la regularidad de las aportaciones públicas que reciben y los gastos financiados con subvenciones. La norma también fija las reglas relativas a su financiación y aunque hay algunos similares para fundaciones y partidos, también existen algunas diferencias sustanciales.

LAS FUNDACIONES SÍ RECIBEN DE EMPRESAS

Así, mientras los partidos no pueden recibir donaciones de personas jurídicas y hay un tope de 50.000 euros anuales para las procedentes de personas físicas, las fundaciones pueden recibirlas tanto de particulares como de empresas sin límite alguno. Sólo están obligadas a publicar las que superen los 120.000 euros.

Los expertos que comparecieron en el Congreso pusieron de manifiesto que las fundaciones pueden recabar aportaciones económicas de las formaciones políticas, trasvasarles fondos o satisfacer gastos directos de su funcionamiento ordinario.

Las propuestas de los expertos en esta materia se han plasmado en el borrador de conclusiones que ha sido redactado por los letrados de la subcomisión y sobre el que trabajan los grupos para buscar acuerdos. En ese documento se apuesta por dar a las fundaciones el mismo tratamiento que a los partidos, una propuesta que únicamente ha contestado abiertamente el PNV.

Y es que los nacionalistas vascos sostienen que un partido constitucionalmente no cumple los mismas funciones que una fundación y rechaza aplicarles el mismo baremo. No obstante, consciente de que el principal problema radica en el posible desvío de fondos, ha propuesto regular las aportaciones que estos entes vinculados pueden realizar a los partidos políticos, lo que el resto de grupos no ve con malos ojos.

De momento, los grupos han dejado aparcado el debate sobre el resto de aspectos relativos a una posible modificación de la regulación sobre las fundaciones políticas pero la sugerencia del PNV se contempla ya como una posible alternativa en el caso de que no se alcanzara un acuerdo para asimilar los regímenes de financiación de partidos y fundaciones.