El Congreso permite dos meses más de misión en Libia ante la falta de una pronta solución

La Cámara ha permitido así que las fuerzas armadas sigan ayudando en el mantenimiento de la zona de exclusión aérea y además puedan colaborar en las labores de ayuda humanitaria, si lo pide la ONU, acompañando en la evacuación de ciudadanos o en la entrega de alimentos, medicinas y materiales de primera necesidad.

Sólo el diputado de IU Gaspar Llamazares se ha opuesto a la autorización de la prórroga que se ha debatido en la Comisión de Defensa y que ha contado con el respaldo del resto de los grupos, aunque todos han mostrado sus dudas sobre el futuro de esta intervención militar y han advertido del peligro de que se enquiste.

Carme Chacón ha solicitado el apoyo parlamentario para continuar en esta misión, y ha admitido que el Gobierno español "desea cuanto antes la salida de Gadafi", pero ése, ha subrayado, no es el objetivo de la operación militar.

Ha añadido que se requieren otras vías políticas y diplomáticas para lograr una paz duradera, y es en esta línea en la que España reconoce al Consejo Nacional de Transición Libio y la necesidad de dotarlo de recursos "suficientes".

Chacón ha aprovechado su turno de réplica para censurar las declaraciones en las que José María Aznar criticaba la intervención de Occidente en Libia, y aunque ha declarado su "respeto institucional" al ex presidente ha pedido al PP que le transmita que "no es bueno para el país" poner en duda su solvencia económica o criticar la decisión militar que ha respaldado el Parlamento.

En la votación de hoy, el Congreso también ha respaldado una eventual intervención humanitaria que autorice Naciones Unidas y que están preparando la Unión Europea y la OTAN, ya que, según los datos de la ONU aportados por la ministra, puede haber tres millones y medio de libios con necesidades de este tipo de ayuda.

En total, de acuerdo con las cifras que ha dado Chacón en su comparecencia, los tres meses de permanencia en Libia costarán 43 millones de euros -frente a los 25 millones que costaba un mes- y no supondrán un incremento de efectivos.

Unos días después de conocerse que Gadafi ha utilizado bombas racimo vendidas por España en 2007, Chacón ha insistido en que fue este país el primero en cumplir con la Convención Internacional de Dublín e iniciar en 2008 las acciones para la total prohibición de la producción, distribución y venta de este tipo de armamento.

Pese a insistir en que las fuerzas armadas internacionales están cumpliendo con su papel y con el mandato de la ONU, Chacón ha admitido que se corre el riesgo de que Libia se convierta en un "Estado fallido" y por eso hay que "evitarlo a toda costa" apoyando la labor diplomática.

También ha señalado que hay que impedir que países como Irán puedan estar viendo una oportunidad en las revueltas árabes y que, como ayer le comentó el embajador español en uno de esos países la "primavera árabe se convierta en la primavera islamista".

Por otra parte ha defendido los tiempos con los que se ha actuado en Libia y, frente a quienes han criticado que se llegó tarde, ha apuntado que "Irak le enseñó a la comunidad internacional que nunca se debe actuar sin el consentimiento de Naciones Unidas".

Mientras el único diputado contrario a la intervención, Gaspar Llamazares, ha definido la misión como "guerra de parte" en la que los países se han "extralimitado" en el mandato de la ONU, el resto de portavoces han insistido en que persisten muchas incertidumbres sobre si la operación concluirá con éxito.

La diputada del PP Beatriz Rodríguez-Salmones ha definido la situación como "en tablas", "mal definida" y "extrañamente liderada", y los portavoces del PNV, José Ramón Beloki, y CiU, Jordi Xuclá, han criticado al Gobierno por marcarse un periodo para la operación, cuando el resto de los países no lo han hecho.

Rosa Díez (UPyD) ha apoyado la prórroga pese a "las dudas y los claroscuros" porque ve más motivos "de fondo" para autorizarla.