El Congreso retoca su próximo Pleno por el puente de mayo y vuelve a la sesión de control al Gobierno por la tarde

En concreto, el primer asunto que debatirá la Cámara Baja el martes a las nueve de la mañana será la Ley General de Telecomunicaciones, que ya quedará definitivamente aprobada una vez se debatan las enmiendas que se introdujeron en el Senado.

El segundo punto del orden del día es el debate de las enmiendas de totalidad que se han presentado al proyecto de ley de Justicia Gratuita, y la sesión matutina se cerrará con la convalidación del real decreto-ley por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinario para el impulso de la lucha contra el fraude fiscal y la aplicación de las medidas previstas en la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

La sesión de control al Gobierno se ha fijado para las cuatro de la tarde del martes, recuperando así el horario vespertino que era tradicional hasta la anterior legislatura cuando, bajo Presidencia de José Bono, el Congreso decidió pasar las preguntas e interpelaciones al Ejecutivo a los miércoles por la mañana.

El próximo miércoles el Pleno se retomará debatiendo, en primer lugar, la toma en consideración de dos proposiciones de ley: Una de Coalición Canaria-Nueva Canarias sobre la liberalización del tráfico aéreo con origen o destino en el archipiélago y otra del PSOE sobre la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública.

DOS DEBATES SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

A continuación se pasará a discutir una proposición no de ley del PP sobre personas sin hogar y otra del PSOE en la que se propone un pacto de Estado contra la violencia de género.

La sesión plenaria concluirá con el debate de tres mociones consecuencia de las interpelaciones que la oposición dirigió al Gobierno el pasado 9 de abril. Se trata, en concreto, de una moción de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) sobre las causas del incremento de víctimas de violencia de género, otra del PSOE sobre la política del Gobierno en relación a las empresas concesionarias de autopistas de peaje con dificultades económicas y una tercera, de UPyD en la que la formación magenta reclama al Gobierno nuevas medidas anticorrución.