El Congreso rechaza tramitar la reforma de Ciudadanos para la elección parlamentaria del fiscal general del Estado

La iniciativa de los de Albert Rivera se ha topado con el rechazo frontal del PP, el PSOE, ERC, PNV y PDeCAT, Coalición Canaria y Nueva Canarias, así como con la abstención de Bildu. Sólo Unidos Podemos y Compromís han respaldado la admisión a trámite del texto de la formación naranja.

Cuando la proposición de ley de Cs fue debatida por el Pleno el martes pasado, el PP y el PSOE le reprocharon que pretendiera impulsar una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal al margen de la subcomisión parlamentaria donde se está negociando un Pacto por la Justicia.

La formación naranja abandonó recientemente dicha subcomisión al ver que no se aceptaba su planteamiento de que los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial de procedencia judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados y no por el Congreso.

Los 'populares' consideran que la iniciativa de Ciudadanos sobre la Fiscalía es una "reforma mediática", mientras que los socialistas aprecian "claros tintes populistas". Al igual que los dos grupos mayoritarios, ERC, el PDeCAT y el PNV criticaron el martes a Cs por obviar los trabajos parlamentarios sobre el Pacto por la Justicia.

INDEPENDENCIA ORGÁNICA, FUNCIONAL Y PRESUPUESTARIA

Según el portavoz del partido naranja en la Comisión de Justicia, Nacho Prendes, el objetivo de la reforma es "desanclar" al Ministerio Público del Ministerio de Justicia dotándole de "independencia orgánica, funcional y presupuestaria". Por su papel clave en el Estado de Derecho, la Fiscalía no puede funcionar como "correa de transmisión entre el poder ejecutivo y los tribunales", subrayó.

Ciudadanos registró esta iniciativa en el Congreso en junio de 2017 argumentando que, con el telón de fondo de la corrupción y del "continuo descrédito" de las instituciones, existía una "sombra de sospecha" sobre el funcionamiento de la Fiscalía que hacía necesario sustraerla del debate partidista.

La reforma contempla que el fiscal general del Estado sea propuesto por el Gobierno, pero la novedad es que el candidato habría de ser sometido a una votación en el Pleno del Congreso y para su ratificación sería necesario el apoyo de al menos dos tercios de los miembros de la Cámara.

Además, el candidato debería haber sido elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de 25 años de ejercicio de la profesión, en vez de los 15 años que se exigen ahora, y no podría haber desempeñado ningún cargo público o electivo durante los diez años anteriores. Ciudadanos también propuso ampliar de cuatro a seis años el mandato del fiscal general del Estado y permitir su destitución por parte del Congreso.

Otras medidas que incluye la reforma son la autonomía presupuestaria de la Fiscalía, la posibilidad de recusar a fiscales, que las instrucciones a subordinados sobre asuntos particulares se tengan que dar por escrito y solo de forma excepcional y que el Gobierno y el Ministerio Público se comuniquen siempre por escrito. Asimismo, el Consejo Fiscal debería aprobar la sustitución de fiscales en casos concretos, así como los nombramientos y los ascensos.