Consejero Antonio Cerdá, el más veterano del Ejecutivo e imputado en el caso 'Novo Carthago', presenta su dimisión

De esta manera, el Gobierno autonómico pierde a su consejero más antiguo, en el cargo ininterrumpidamente desde 1999 hasta la actualidad.

Asimismo, era el último consejero que permanecía imputado en un procedimiento judicial, después de que el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Julián Pérez-Templado, ordenara la semana pasada el archivo del procedimiento contra el ex alcalde de Puerto Lumbreras y actual consejero de Educación, Cultura y Universidades, Pedro Antonio Sánchez, por presuntas irregularidades en la adquisición de un dúplex en Puerto Lumbreras.

Fue el pasado mes de julio cuando el juez decidió abrir diligencias para investigar su actuación en este asunto por los presuntos delitos de prevaricación, ordenación del territorio y del medio ambiente, además de tráfico de influencias.

Licenciado y Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Murcia, ha realizado estancias postdoctorales durante dos años en la Universidad de California (Riverside, EEUU), seis meses en la Universidad de Utrecht (Holanda), y varios meses en las universidades de Reading y Sussex (Inglaterra), en la Universidad de Hungría, y estancias en centros de investigación de Europa y Estados Unidos.

Profesor de Investigación del CEBAS-CSIC y director del centro entre 1994 y 1997, es especialista en Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal, y académico de Número de la Academia de las Ciencias de la Región de Murcia. Además, es autor o coautor de más de 130 trabajos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales, así como ponente en congresos y director de 12 tesis doctorales. También fue diputado regional en dos Legislaturas (1983-1987 y 1987-1991) y portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

EL ÚLTIMO CONSEJERO IMPUTADO

El 18 de julio de 2013, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Región decidió abrir diligencias para investigar la actuación de Cerdá, en relación al resort 'Novo Carthago', por los presuntos delitos de prevaricación, ordenación del territorio y del medio ambiente, y tráfico de influencias. En septiembre de ese mismo año el consejero prestó declaración ante el magistrado-instructor, Manuel Abadía.

El pasado mes de junio de 2013 la juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Miriam Marín García, remitió una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia en la que indicaba ver indicios para imputar al consejero del ramo de un posible delito de prevaricación administrativo al ordenar modificar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Mar Menor en favor del resort.

En concreto, consideraba que el consejero no respetó los trámites administrativos "legalmente previstos e introdujo una modificación de la normativa existente respecto al anterior PORN de 1998", con la finalidad de "permitir que se pudiera llevar a cabo la construcción del campo de golf que tenía proyectada la empresa Hansa Urbana en el espacio protegido del Saladar de Lo Poyo de Cartagena", en el proyecto conocido como Novo Carthago.

Un proyecto que consistía en la construcción también de hoteles y más de 10.000 viviendas "en una zona que estaba calificada como de especial protección para el Mar Menor y donde una parte de los terrenos eran LIC, ZEPA y ZEPIN" y por otra parte como no urbanizable de protección del trasvase (NUPT).

Ante esto, la Sala Civil y Penal del TSJ dictó una providencia por la que se requería al Consejo de Gobierno para que emitiera certificación de la condición de consejero de Antonio Cerdá.

En este caso de presunta trama urbanística se encuentran imputados actualmente, además de Cerdá, la alcaldesa de Cartagena y dipuada, Pilar Barreiro, quien ha sido citada a declarar por el Tribunal Supremo el próximo el 5 de marzo.

El pasado mes de enero, el Supremo se declaró competente para instruir y en su caso enjuiciar a Barreiro por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la trama de corrupción urbanística del caso 'Novo Carthago'.

En estas diligencias se recoge también la imputación del actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, por un presunto delito de prevaricación, investigado porque, en su condición de consejero de Obras Públicas y Urbanismo en 2005, "firmó la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del PGOU de Cartagena en San Ginés de la Jara".

Además, están imputados el que fuera delegado y consejero del Gobierno regional, Francisco Marqués, por delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

Bascuñana, la primera vez que fue citado a declarar por este asunto, se acogió a su derecho a no declarar, pendiente de un recursos de apelación que finalmente fue desestimado, por lo que permanece imputado en la causa. De hecho, un informe del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, remitido a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Murcia le apunta como la persona que dio el "beneplácito final" al proyecto urbanístico de Novo Carthago.

SEGUNDA DIMISIÓN EN TRES MESES

Fue el pasado 25 de noviembre cuando se produjo la primera dimisión en el equipo de Gobierno de Alberto Garre. Se trataba del entonces consejero de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Manuel Campos, por discrepancias sobre el aeropuerto de Corvera y al sentirse "desautorizado".

Al parecer, el consejero tomó la decisión durante un encuentro en Madrid al que asistió la ministra de Fomento, Ana Pastor, y en el que Garre propuso volver a la situación de 2013 y sacar un nuevo concurso público, apenas diez días después de que Campos fuese autorizado a iniciar negociaciones con la concesionaria Aeromur para abrir el aeropuerto el próximo 2 de abril.

"No he podido aceptar este cambio de planteamiento y he presentado mi renuncia de forma irrevocable. Conmigo no se puede jugar de esta manera. Me he sentido desautorizado", dijo el consejero.