El Consejo General del Poder Judicial rechaza que los jueces puedan ejercer el derecho de huelga

En un acuerdo adoptado por unanimidad y leído por la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, el CGPJ ha rechazado las peticiones de veintiuna asambleas de jueces y de las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente.

"El CGPJ rechaza el ejercicio del derecho de huelga de los jueces en este país porque no hay base normativa para el desarrollo de este ejercicio", ha dicho Bravo.

El acuerdo establece que para el CGPJ "no hay cobertura legal para el ejercicio del derecho a huelga de los jueces" y, en consecuencia, entiende "no tener por anunciada la convocatoria de huelga".

Por tanto, ha añadido Bravo, tampoco procede la fijación de servicios mínimos, ni han considerado los fijados por las asambleas de jueces y magistrados, ya que no tienen "competencia alguna ni base legal" para establecerlos.

La portavoz del órgano de gobierno de los jueces ha recalcado que la convocatoria de huelga "no tiene efectos jurídicos" y ha añadido: "El 18 de febrero los jueces y magistrados tienen que estar en su puestos de trabajo".

Preguntada por la posibilidad de que el CGPJ sancione a los jueces que secunden el paro convocado para la próxima semana, Bravo ha señalado que después de esa fecha, "si consta alguna denuncia", se estudiará y valorará el caso concreto y se adoptaran las medidas que se estimen oportunas.

El pronunciamiento unánime del CGPJ en contra del derecho de huelga de los jueces contrasta con el informe elaborado la semana pasada por el secretario general de este órgano, Celso Rodríguez, que concluía que, ante la ausencia de una norma legal, correspondía al Tribunal Constitucional evaluar si la carrera judicial puede ejercer o no ese derecho.

El informe, encargado por el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, para ser analizado en el pleno extraordinario de hoy, aludía a los problemas "de toda índole" que provoca la "deficiente regulación normativa" sobre el asunto, ya que ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Poder Judicial prevén dentro de las competencias del Consejo la regulación o el control de este derecho fundamental.

Rodríguez también decía que los jueces que secundaran el paro del día 18 no podrían ser sancionados, ya que "en este ámbito la mínima previsión como falta es la ausencia injustificada y continuada a la sede del órgano judicial por más de un día natural (falta leve del artículo 419.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial)".

Las asambleas que habían hecho "convocatorias expresas" de huelga para el próximo día 18 son de Andalucía (Almería, Huelva y Málaga), Aragón (Teruel), Canarias (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife), Comunidad Valenciana (Alicante), Castilla-La Mancha (Ciudad Real), Cataluña (Solsona, en Lleida), Galicia (A Coruña y Pontevedra), Baleares (Ibiza) y Murcia.

Otras asambleas han remitido al CGPJ actas en las que se acuerda convocar el paro: Ciudad Real y Cuenca, en Castilla-La Mancha; Girona y Tarragona, en Cataluña; Extremadura y Majadahonda (Madrid).

También las dos asociaciones antes citadas, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, entregaron el pasado viernes en el Consejo el escrito de preaviso de la huelga.