La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que la polémica Ley de Educación “será aprobada en este mes de mayo, probablemente en las semanas siguientes” después de resolver las “observaciones” y fortalecer “algunos aspectos en la memoria económica”. También ha asegurado que “los elementos principales de esta Ley están cerrados a nivel de Gobierno”.
Según Sáenz de Santamaría, “es imprescindible aprobar una Ley de Mejora de Calidad de la Enseñanza” ya que “tenemos un fracaso escolar que no nos permite conformarnos con el modelo actual”. Además, considera que “es una ley clave para las siguientes generaciones”.
La vicepresidenta ha indicado que “el 60% de la población no tiene concluida la ESO, lo que es un elemento que impide y dificulta la obtención de un empleo empleo”. Para Sáenz de Santamaría, “En el ámbito educativo lo primero es el alumno, lo segundo es el alumno y lo tercero es el alumno porque su vida, su trabajo depende de lo que las instituciones le podamos dar”.
Sobre las manifestaciones masivas del jueves, la vicepresidenta ha indicado que “no he encontrado ningún argumento que justifique mantener un sistema como el que tenemos”, con un alto índice de fracaso escolar y desempleo juvenil. “Lo que no funciona hay que cambiarlo”, sostiene, y “trataremos de hacerlo de la mejor manera posible, teniendo como objetivo el alumno y el profesor y la confianza de los padres en el sistema”.
Respecto a la ley del aborto, la vicepresidenta ha admitido que el Gobierno está estudiando la Convención de Naciones Unidas de personas con capacidades disminuidas y la doctrina del Tribunal Constitucional respecto a este tema. “El aborto es siempre un fracaso”, afirma Sáenz de Santamaría.
"Los elementos fundamentales son los que hemos mantenido siempre: respeto a la doctrina del Constitucional y cumplir el compromiso hacia la intervención de los padres en los abortos de mujeres menores de edad", ha añadido.
Sobre Cataluña, el Gobierno ha encargado a la Abogacía del Estado que estudie la comisión creada en el Parlament de Cataluña para aplicar el "derecho a decidir", con el objetivo de incorporarla a la impugnación admitida a trámite en el Tribunal Constitucional contra la declaración soberanista aprobada por la misma cámara autonómica.
La Abogacía deberá explicar si esta comisión parlamentaria es consecuencia de ese primer acuerdo impugnado y se pone así de manifiesto "que de aquella declaración inicial se van produciendo efectos jurídicos".
