Consenso en el Congreso para rebajar subvenciones electorales a los partidos y reforzar el control de sus fundaciones

Los partidos políticos han alcanzado un acuerdo en el Congreso para reducir en un 20% la subvención que se otorga por los envíos gratuitos de propaganda electoral ('mailing'), así como para reforzar el control de las fundaciones vinculadas a las formaciones políticas, en la nueva la ley orgánica que regulará la actividad económica y financiera de los partidos.

Así lo ha explicado el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, tras la quinta reunión celebrada por la ponencia encargada de tramitar esta norma, una de las leyes anticorrupción que presentó el presidente Mariano Rajoy ante el Congreso el pasado 27 de noviembre y que el miércoles será votada en la Comisión Constitucional para su aprobación por el Pleno del Congreso el próximo día 21.

Uno de los puntos en los que se ha cerrado un acuerdo es en la rebaja en un 20% de las ayudas al 'mailing' que se pagan a los partidos que consiguen escaños. Sólo en las últimas europeas, PP, PSOE e IU sumaron por este concepto más de 13 millones. Algunos grupos, como UPyD, habían pedido directamente suprimirlas, pero el PP prefiere mantenerlas como instrumento de comunicación directa con el elector, aunque reduciendo su cuantía.

CONTENCIÓN DE LAS SUBVENCIONES ANUALES

A eso se añade que la ley consolidará la rebaja del 40 por ciento de la financiación ordinaria de los partidos que el Gobierno ha ido aplicando en los últimos años a través de los Presupuestos Generales (PGE). Además, a partir de ahora, las subvenciones anuales del Estado se van a vincular al presupuesto consolidado sin intereses de cada ejercicio lo que, según ha detallado Bermúdez de Castro, implica que "irán de la mano del gasto social" de modo que, si hay recortes en estas partidas, también se verán reducidos.

Junto a la austeridad, se confirma la imposición de mayores exigencias de control y de transparencia de las fundaciones políticas. Si ya se las obliga a informar al Tribunal de Cuentas de las donaciones que reciben, se pretende ahora que todos sus ingresos sean examinados por el Tribunal de Cuentas (incluyendo los convenios con entes públicos), que se sometan a una auditoría externa cada año y que además publiquen en su web todos sus gastos.

También en materia de transparencia, si Rajoy anunció que se publicarán todos los donativos de más de 25.000 euros, ahora los partidos están dispuestos a rebajar esa cuantía mínima hasta incluso los 10.000 euros.

Asimismo, la ponencia parlamentaria ha profundizado en la definición de las sanciones por financiación ilegal para aumentarlas y para dificultar la prescripción en función de la gravedad de la falta que se imputa (dos años para casos leves, tres para graves y cinco para muy graves).

OPTIMISMO DE PSOE Y SÍ CRÍTICO DEL PNV

Tras la reunión de este lunes, el ponente socialista Antonio Pradas ha admitido que el PSOE continúa "optimista" porque se han incorporado muchas enmiendas del PSOE, aunque siguen quedando "flecos". Por este motivo, no ha adelantado si su formación apoyará o no la ley en su conjunto. Precisamente, Bermúdez de Castro ha expresado su deseo de que ningún partido se agarre esos asuntos que quedan pendientes para no respaldar la ley.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha destacado que "no va a haber otro ente jurídico-corporativo más controlado" que un partido político y aun admitiendo "avances" ha dicho salir con "un sabor agridulce". Y es que, a su juicio, no se ha dado una solución definitiva a la financiación pública de los partidos y duda de que en el futuro éstos vayan a contar con medios suficientes para hacer su labor adecuadamente. Esteban ha dejado abierta la puerta a apoyar la ley, pero subrayando que, de decantarse por el voto a favor, será "un sí crítico".

En nombre de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Ricardo Sixto, también ha admitido "avances" en determinadas cuestiones como la mejora de los controles y el endurecimiento de las sanciones, pero sigue considerando insuficientes las modificaciones relativas a las fundaciones porque el nivel de exigencia no se equipara al de los partidos políticos, como pedía su grupo, que se debate entre el 'no' o la abstención a la ley.

UPYD SE QUEDA FUERA

El más crítico con la norma ha sido el ponente de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, quien rechaza que prácticamente "se cierre la vía de la financiación privada" a los partidos lo que considera "una trampa" para impedir la entrada en el tablero político de las formaciones nuevas.

También ha denunciado que, al contrario de lo que planteaba su formación, no se vaya a exigir a los partidos dar cuenta de la contabilidad consolidada de toda su estructura, incluida la regional y local.