La familia de Cristina Arce reprocha al ayuntamiento de Botella que no hubiera informe para la presencia del Samur

La abogada de la familia de Cristina Arce, una de las jóvenes fallecidas en la tragedia del Madrid Arena, ha reprochado este jueves al Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Ana Botella, en la época de la fiesta mortal que no hiciera el informe exigido por la normativa que hubiera permitido la presencia obligada del Samur-Protección Civil.

Así lo ha recalcado la letrada María José Siñeriz durante su intervención en la presentación de su informe de calificaciones jurídicas en la fase final del juicio. La abogada pide cuatro años de prisión para Miguel Ángel Flores por un delito de homicidio imprudente grave.

Por otra parte, Isabel de la Fuente, la madre de la fallecida, ha estado presente durante la exposición del informe, emocionándose en el momento en el que la abogada ha hablado cómo el trágico suceso truncó la vida de su hija.

"Cristina quería estudiar enfermería y el destino la situó en un botiquín donde falleció. Sus padres y sus hermanos nunca lo podrán superar", ha subrayado la letrada que ha pedido a la sala que más allá de la ejemplaridad de la sentencia, tenga en cuento que el riesgo alcanzó a 17.000 personas, no solo a la víctimas y heridos.

En primer lugar ha recalcado, como ya han hecho otros abogados de acusaciones, que el pabellón municipal --propiedad del Ayuntamiento-- no tenía licencia de construcción ni de funcionamiento.

Seguidamente, ha cargado contra el que fuera Ayuntamiento dirigido por Ana Botella por no redactar una memoria de actividades, un documento que estaba exigido por la normativa vigente en aquella época.

"Se exige un informe con una memoria de actividades que debe someterse a un informe del Ayuntamiento a través de los servicios municipales a los efectos de comprobar la normativa en materia de seguridad. Si se hubiera respetado, Protección Civil y Samur podrían haber estado ahí", ha reseñado.

Esta negligencia se la ha achacado también al organizador, la empresa Diviertt y su dueño Miguel Ángel Flores. En este punto, ha esgrimido que Flores debía tener conocimiento de esa situación de no cumplimiento. Además, ha señalado que Madrid Espacios y Congresos tenía la obligación de exigir al promotor un plan de autoprotección, lo que "incide en esas negligencias".

"Hay una violación absoluta de las normas de seguridad de principio a fin", ha aseverado mencionando que muchas de las puertas de los vomitorios estaban bloqueadas, una circunstancia que no constaba en los planos remitidos a Madriddec por la secretaria de Flores.

Así, ha criticado cómo se elaboró el plan de autoprotección, ya que no se aclararon diversos aspectos de las puertas de emergencias que debían haber sido utilizadas como salidas de evacuación. Dos de esas puertas, el portón de mercancías y el muelle Mónico, se utilizaron como vías de accesos para entrar a la fiesta.

También ha hablado de la vigilancia en el interior del edificio, tarea encomendada a la empresa Seguriber. Los responsables de seguridad de la empresa se sientan en el banquillo de los acusados.

CRÍTICAS A LAS ACTUACIÓN MÉDICA

Además, ha criticado la actuación médica de los doctores Simón Viñals y su hijo Carlos, responsables de la enfermería que se instaló en el pabellón. En este punto, ha recalcado que no se sabe lo que hicieron porque no está documentado.

"Se nos pide un acto de fe y no nos lo podemos creer. No existe ninguna prueba", ha destacado la abogada en alusión a la atención que supuestamente dieron a Cristina Arce, a quien le habrian suministrado tres ampollas de adrenalina.

La letrada ha insistido en que cuando llegaron los sanitarios del Samur no detectaron signos de tratamiento en las victimas ni tampoco hubieran utilizado el desfibrilador. En concreto, Katia Esteban, Rocío Ola y Cristina Arce pasaron por la enfermería de los Viñals.

"Es inadmisible. Esto no es una actuación médica es una desatención total. Cuando llegaron eran pacientes cuando se las deja morir eran víctimas", ha denunciado Siñeriz recordando que el Samur tuvo que incluso retirar la ropa a las víctimas.

Al igual que el abogado de la familia de Belén Landong, ha solicitado a la sala que se aplique la directiva europea de catástrofes aéreas.

"El riesgo no era único sino sobre las 17.000 que estaban. Todas tenían que derecho que se les proporcionará un evento seguro", ha dicho indicando seguidamente que el logotipo del Ayuntamiento que aparecía en las entradas daba al menos la apariencia de que las autoridades estaban detrás.

En este punto ha pedido a la sala que tenga en cuenta ese riesgo a todos los asistentes, ya que en España este es un caso único y singular.

"Se pide a la sala en nombre de la familia de Cristina Arce que no se olvide que se puso en riesgo la posibilidad de establecer que lo que se hizo era contrario a la norma y hubo una concatenación de incumplimientos.pero nadie reconoce su parte de responsabilidad Cristina quería estudiar enfermería y el destino la situó en un botiquín donde falleció sus padres y hermanos nunca lo podrán superar".