Cs cuestiona la continuidad de la interventora de la Generalitat tras acreditarse un gasto de 1,5 millones en el 1-O

Ciudadanos quiere que el Gobierno explique por qué mantiene en el cargo a la interventora general de la Generalitat de Cataluña, Rosa Vidal Planelles, y si confía en la fiscalización que hace de los fondos públicos en esa comunidad pese a que en septiembre anunció que la denunciaría a la Fiscalía por negarse a informar de los gastos del Ejecutivo catalán.

La interventora de la Generalitat ha acreditado hasta ahora que no se destinó dinero público al 1-O, según fuentes del Ejecutivo. Sin embargo hace unos días se conocía uno de los últimos informes que la Guardia Civil ha entregado en el Tribunal Supremo, al juez que instruye la causa contra el 'procés', en el que acredita que hubo al menos un gasto de 1,5 millones de euros de dinero público en el referéndum ilegal del 1 de octubre.

En el citado documento, al que tuvo acceso Europa Press, la Guardia Civil recuerda que ya había acreditado un gasto en publicidad en medios de comunicación para el referéndum ilegal de 502.639,61 euros sin contar el IVA, parte de cuyas facturas estaban acreditadas por la interventora.

A esta cantidad añadieron otra cercana al millón de euros (979.661,96 euros sin incluir el IVA), aunque precisando que aún está por determinar el total, destinada a los trámites del 1-O como nombramientos de componentes de mesas electorales y tarjetas censales, añadiendo a ese epígrafe la referencia de la empresa Unipost.

Los agentes exponían en su informe que continúan realizando gestiones para determinar el coste total del referéndum, atendiendo a otras líneas de investigación, entre las que citan las relacionadas con el papel que desarrolló el Diplocat, que dirigía el Consejero de Exteriores, Raül Romeva.

En relación con este último asunto, el informe mencionaba la investigación que se lleva a cabo de las transferencias realizadas por la delegación de la Generalitat en Bruselas sumando un importe de casi 140.000 euros destinadas a The Hague Center for Strategic Studieses, que "pudieran estar relacionadas" con los gastos de los observadores internacionales que envió esa empresa al 1-O.

EN QUÉ SE BASA RAJOY PARA DECIR QUE NI UN EURO PÚBLICO FUE AL 1-O

Unos días después de conocerse este informe, la formación naranja ha presentado una batería de preguntas en el Congreso, para las que solicita respuesta por escrito, sobre la labor de Rosa Vidal, que fue nombrada por el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y que ahora está bajo la responsabilidad directa del Gobierno de España en el marco del artículo 155 de la Constitución.

Concretamente, el grupo parlamentario de Cs pide conocer los criterios del Gobierno para mantener en su puesto a una alta responsable a la que, poco antes de la fecha del referéndum independentista del 1 de octubre, el mismo Ejecutivo de Mariano Rajoy anunció que "denunciaría ante la Fiscalía por no cumplir con sus obligaciones".

Ciudadanos ha recordado que el pasado 7 de febrero, el presidente del Gobierno aseguró en sede parlamentaria que no se había destinado "ni un euro" del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) al referéndum del 1 de octubre. En la misma línea, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó tres veces en el Congreso el pasado 31 de agosto que no se habían destinado fondos públicos a la financiación de esa consulta ilegal.

El partido presidido por Albert Rivera ha instado al Gobierno a aclarar en qué se basan Rajoy y Montoro para hacer estas afirmaciones, si se debe a su "confianza" en la fiscalización que realiza Vidal, y le ha preguntado también si está satisfecho con la colaboración que la interventora general ha tenido con la Justicia, en particular con el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que investiga la financiación ilegal del referéndum.

En este contexto, ha preguntado al Gobierno si ve "normal y razonable" que ese juzgado haya tenido que dirigirse directamente a los Ministerios de Economía y Hacienda para acceder a información para investigar presuntos delitos cometidos en relación con el referéndum, al no haber sido facilitada por dirigentes como Rosa Vidal o Elsa Artadi, que fue secretaria de Hacienda y luego directora de la Coordinación Interdepartamental de la Generalitat.

Por último, Cs ha insistido al Ejecutivo en su petición de que se envíe a Barcelona una misión de control de la Intervención General de la Administración del Estado "para verificar el destino de los fondos del FLA o, en general, que no se pagan gastos ilegales del proceso separatista con los impuestos de todos los españoles".

OPACIDAD

La Guardia Civil destacaba en el citado informe entregado en el Tribuanl Supremo la "opacidad" de la Generalitat que se ha puesto de manifiesto en la contestación al mandamiento judicial de 30 de octubre, por el que el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona solicitaba que se le informase de los costes económicos del referéndum ilegal.

La Asesoría Jurídica de la Generalitat respondió al Juzgado que ningún Departamento de la Generalitat de Cataluña había incurrido en coste alguno para el 1-O. Aquella respuesta recopilaba las que habían proporcionado cada uno de los directores de servicio de las distintas consejerías y de Presidencia de la administración catalana. Una de ellas iba firmada por Elsa Artadi, mano derecha de Puigdemont y otra, por Natalia Garriga, que resultó detenida en la 'operación Anubis' llevada a cabo el pasado 20 de septiembre contra los organizadores del 1-O.

EL GOBIERNO AUN NO HA RESPONDIDO A LA PETICIÓN DEL JUEZ

El instituto armado deja claro que esa respuesta de la Asesoría Jurídica de la Generalitat "se contradice con las actuaciones que se están llevando a cabo, en las que se verifica que efectivamente sí se ha producido ese coste" para las arcas públicas. Y esa "contradicción", añaden, se ve reflejada en los pagos realizados por la Generalitat y que se van viendo en las diligencias ya finalizadas.

Los investigadores hicieron constar también que, a la fecha de la presentación de ese informe, el Gobierno no había respondido a la petición que le cursó el juez, a través de la Delegación del Gobierno en Cataluña, para que acreditara el gasto en que había incurrido la Generalitat para el referéndum del 1 de octubre.

La petición fue realizada por mandamiento judicial del 24 de noviembre pasado al Gobierno de Rajoy, como máximo responsable de la Generalitat en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y la orden del secretario de Estado de Hacienda a la interventora de la Generalitat para que ésta acreditara estos extremos fue realizada el 15 de enero.

En ella, Hacienda le daba un plazo de 9 días a la interventora para que respondiera a todo lo que se le preguntaba advirtiéndole de las responsabilidades personales en que podría incurrir si no lo hacía.