Daniel Fernández (PSC) solicita al Parlamento catalán su suspensión como diputado tras ser citado por el caso Mercurio

El exsecretario de organización del PSC Daniel Fernández ha solicitado al Parlamento catalán que le suspenda como diputado, una suspensión que la Cámara tramitará a partir de este jueves una vez el parlamentario socialista ha sido citado a juicio para el 28 de enero por presunto tráfico de influencias en el marco del 'caso Mercurio'.

El reglamento de la Cámara prevé en su articulo 18 que los diputados puedan ser suspendidos de sus derechos y deberes parlamentarios "si es firme el acto de procesamiento o de apertura de juicio oral y el pleno lo aprueba por mayoría absoluta".

Una vez admitida a trámite la solicitud de Fernández, la Comisión del Estatuto de los Diputados se reunirá este jueves para elaborar un dictamen sobre el caso y el pleno de la Cámara catalana deberá votar --presumiblemente en el pleno del 21 y 22 de enero-- por mayoría absoluta la suspensión del diputado socialista.

Mientras dure la suspensión --hasta que haya una resolución judicial favorable al diputado o se acabe la legislatura--, Fernández no podrá participar ni de los plenos ni de las comisiones, y tampoco percibirá ningún tipo de retribución económica.

Al ser una suspensión y no renunciar al escaño, el PSC no podrá sustituirle y se quedará con 19 diputados, empatado con el PP como tercera fuerza del Parlamento catalán.

Otra consecuencia de no renunciar definitivamente a su condición de diputado es que Fernández seguirá siendo aforado, por lo que la causa deberá seguir instruyéndose en el TSJC.

PRESUNTO TRÁFICO DE INFLUENCIAS

El también excoordinador de los diputados del PSC en el Congreso está imputado por un presunto delitos de tráfico de influencias al presuntamente presionar para colocar a dedo a una trabajadora del Ayuntamiento de Montcada i Reixac (Barcelona) en mayo de 2012.

El auto de la Sala Civil y Penal del TSJC también envía a juicio por la misma causa al exalcalde de Sabadell Manuel Bustos; a su hermano y concejal en la localidad, Francisco Bustos --los tres por tráfico de influencias--, y a la alcaldesa de Montcada, María Elena Pérez, en su caso por un presunto delito de prevaricación como "autora material".