Debate (Resoluciones)- El PP no asume poner fin a las listas cerradas pero acepta más proximidad entre elector y elegido

En concreto, el texto que ha salido adelante en la última jornada del Debate sobre el estado de la Nación, insta al Gobierno a "impulsar reformas en la normativa electoral que favorezcan una mejor conexión entre los cargos electos y los ciudadanos".

Aunque la moción original registrada por CiU no abogaba expresamente por las listas abiertas, sí precisaba que esas reformas debían implicar el fin del vigente "sistema de listas cerradas y bloqueadas", una 'coletilla' que se cayó del texto al aceptar los nacionalistas una enmienda del PP que la suprimía.

Además, el texto aprobado por el Pleno insta al Ejecutivo a avanzar en la regulación de los grupos de presión o 'lobbies', pero la circunscribe al ámbito parlamentario. Esas nuevas reglas deberán tomar como referencia la definición que de estos grupos hace la Comisión Europea, garantizar la transparencia en sus actuaciones y delimitarlas.

INICIATIVAS LEGISLATIVAS CIUDADANAS

Asimismo, urge a la puesta en marcha, nada más esté aprobada de la nueva normativa relativa a la Iniciativa Legislativa Popular destinada a mejorar la participación de los promotores de las propuestas ciudadanas ante las Cortes, así como a reforzar la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales para mejorar sus labores de control.

La propuesta aprobada también emplaza al Gobierno a poner en marcha las medidas de regeneración democrática ya propuestas por el Ejecutivo, así como a seguir dotando a la Administración de Justicia de los recursos económicos y personales necesarios para seguir persiguiendo las causas relativas a la corrupción.

En la misma línea, pide avanzar en la lucha contra el fraude a Hacienda y la Seguridad Social, mejorar la regulación del decomiso de bienes derivados del delito, activar la Oficina de Gestión de Recuperación de activos anunciada en el debate por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y plantear posibles modificaciones en la normativa de contratos de sector público para evitar posibles ineficiencias e irregularidades.