Defensa estima en 15 millones anuales el ahorro durante la primera fase del plan de racionalización de su patrimonio

En un comunicado, el departamento que dirige Pedro Morenés ha subrayado que esta primera fase implicará una inversión inicial de 40 millones de euros, gastos que irán destinados al traslado del personal y del material de las unidades, así como a la adecuación o de construcción de obra nueva en la instalación receptora.

Tras esta inversión inicial, Defensa estima un ahorro de 15 millones anuales en gasto corriente, seguridad y mantenimiento de las infraestructuras, sin contar con la valoración económica del terreno liberado debido a la fluctuación del mercado inmobiliario actual, que hace "prematuro" hacer previsiones sobre los posibles ingresos por la venta de inmuebles y propiedades.

Las 49 modificaciones que se llevarán a cabo sobre las 109 instalaciones --que implicarán la liberación de 3.837.264 metros cuadrados, de los que 2.837.510 corresponden a suelo rústico, y 937.754 a suelo urbano-- no implicarán dificultades para el traslado de unidades y personal, según Defensa.

El plan, que prevé un periodo de retorno de la inversión inferior a 10 años, busca reorganizar la estructura del Órgano Central del Ministerio de Defensa, de la Armada y del Ejercito de Tierra, además de reducir el tamaño de algunas instalaciones, ceder hospitales militares para uso civil.

En cuanto al personal que actualmente trabaja en Defensa, el Ministerio ha asegurado que apenas habrá modificaciones ya que se trata de una "reorganización de infraestructuras, sin modificación de las competencias actualmente atribuidas a las unidades".

Entre las propuestas destacan los cierres parciales y la reducción de la superficie de las bases según la necesidad de cada momento, el cierre total de las instalaciones cuyo coste no se adecue a su necesidad y la adecuación de las instalaciones para la recepción de otro tipo de actividades.

El Gobierno ha justificado la necesidad del PREPIDEF para una mejora del patrimonio de Defensa y una reducción de los costes que satisfaga las necesidades de las fuerzas armadas y posibilite la utilización conjunta de infraestructuras.

Los factores que, según Defensa, se han tenido en cuenta para llevar a cabo esta reestructuración han sido provocar el menor impacto posible sobre la plantilla, los plazos de ejecución y la capacidad financiera.