Defensas de los ERE se oponen a que Manos Limpias siga como acusación popular dada la causa contra Bernad

En el marco del juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos autonómicos por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, la defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y la de otros tantos acusados se ha manifestado en contra de que Manos Limpias siga ejerciendo como acusación popular.

Durante la sesión de este martes, el abogado defensor del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, uno de los 22 acusados de este juicio, ha mostrado sus "dudas" respecto al papel de Manos Limpias como acusación popular en este procedimiento judicial.

En ese sentido, el letrado Alfonso Martínez del Hoyo ha señalado el escrito emitido el pasado mes de diciembre por Fiscalía de la Audiencia Nacional, en la causa incoada contra el expresidente de la Asociación de Usuarios de Servicio de la Banca (Ausbanc) Luis Pineda y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad. En dicho escrito, la Fiscalía reclama 24 años y 10 meses a Bernad por liderar supuestamente una campaña de extorsión en los medios de comunicación contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de no hacerles publicidad negativa.

Manos Limpias, según este abogado defensor a cuyo alegato se han adherido buena parte de los abogados defensores, "fue usada para unas extorsiones y coacciones", con efectos incluso en el procedimiento judicial que aborda ahora la Sección Primera de la Audiencia Provincial. Por ello, su papel como acusación popular constituye toda una "burla a la Justicia", según el letrado.

"FALTA DE VOLUNTAD VÁLIDA"

Además, ha expuesto que la situación que atraviesa la organización, hace pensar que la misma carece de "órganos representativos" como tal, lo que le ha llevado a opinar que Manos Limpias incurre en una "falta de voluntad válida para seguir como acusación popular" en este juicio.

"Manos Limpias no debe ser acusación popular en este juicio", ha aseverado directamente en cuanto a la "intrusión" de la citada entidad en esta causa judicial, al haber sido usada la organización para prácticas "extorsivas y coactivas" que abarcan incluso al proceso judicial elevado ahora a juicio.

La representación judicial de Manos Limpias, por su parte, ha recordado que no media "sentencia firme" alguna respecto al mencionado procedimiento de la Audiencia Nacional, apelando al principio de presunción de inocencia y recordando que Manos Limpias, como persona jurídica, "no ha sido objeto" de medidas cautelares porque el sindicato "no ha sido investigado o imputado". Incluso cuando la Fiscalía ha solicitado la disolución de Manos Limpias en el citado escrito a la Audiencia Nacional, la representación de la entidad ha defendido que la misma "no ha sido llamada" a la causa que sigue la Audiencia Nacional.

Por eso, se ha opuesto a este intento de "expulsión exprés", toda vez que la Fiscalía se ha manifestado en contra de "cualquier expulsión de la acusación popular", bajo la premisa de que sobre Manos Limpias no pesa "ninguna medida cautelar". Esta petición, planteada incluso antes de las cuestiones previas, queda así pendiente de ser resuelva por la sala, según ha manifestado el presidente del tribunal.

ANTONIO FERNÁNDEZ CONTRA EL ESCRITO DE LA FISCALÍA

En cuanto a las cuestiones previas de la defensa de Antonio Fernández, han sido dos y han versado sobre supuestas vulneraciones de derechos fundamentales y nulidad en las actuaciones procesales, dado que el abogado defensor del exconsejero de Empleo, entre otros aspectos, censura que mientras el auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado atribuye al exconsejero el haber "permitido que el director general de Trabajo sustrajese fondos", la Fiscalía le achaca directamente la "concesión" irregular de tales fondos.

"Quien permite que otro sustraiga no puede estar sustrayendo al mismo tiempo", ha argumentado la defensa de Antonio Fernández, recordando que la investigación ha puesto de relieve que la "responsabilidad directa" de la concesión de las ayudas recaía en la Dirección General de Trabajo y la Fiscalía, en su escrito de acusación, ha escalado "dos peldaños" en la graduación "jerárquica" de la Junta, a la hora de atribuir las responsabilidades.