Defensor del Pueblo Vasco pide la disolución incondicional de ETA y el acercamiento de los presos etarras

Lamarca ha presentado en el pleno ordinario del Parlamento vasco el Informe del Defensor del Pueblo vasco-Ararteko correspondiente al año 2012. En su intervención, ha destacado la ausencia de actividad criminal por parte de ETA en el año 2012, tras su anuncio público, en octubre de 2010, del cese de la violencia. "No ha habido personas asesinadas ni heridas, ni amenazadas, ni coaccionadas ni extorsionadas. Es una excelente noticia para los derechos humanos", ha subrayado.

Sin embargo, ha insistido en que es necesario exigirle a ETA "su disolución incondicional desde nuestra posición de defensa de los derechos humanos" porque "a todos nos corresponde hacer el máximo esfuerzo por reforzar las circunstancias que nos conduzcan inexorablemente al final del horror que hemos padecido en las últimas décadas".

POLITICA PENITENCIARIA

Respecto al tratamiento penal y penitenciario de los delitos de terrorismo, el Defensor ha defendido que "toda persona presa, más allá del delito que haya cometido, debe cumplir su condena en el régimen que mejor favorezca su reinserción" y ha advertido de que esta demanda "no se ve contradicha, sino reforzada, por nuestra constante condena de ETA y de cuanto ETA representa".

Por eso, ha insistido en la necesidad de que todas las personas presas cumplan su condena en cárceles próximas a sus lugares de origen, así como la aplicación a todas ellas de los distintos supuestos de excarcelación previstos en las normas comunes, como pueda ser el haber cumplido determinada parte de su condena o el padecer una enfermedad incurable.

En esta línea, ha subrayado que la denominada 'doctrina Parot' supone "un cambio de las reglas del juego que vulnera el principio de previsibilidad sobre el alcance de las consecuencias punitivas previstas en la Ley, con el efecto de prolongar el periodo efectivo de cumplimiento de la privación de libertad". Por ello, ha reiterado su petición de que "se eliminen las disposiciones especiales relativas a grupos y delitos terroristas que impiden la concesión del régimen de tercer grado y el acceso a la libertad condicional".