El Defensor del Pueblo trabaja para desbloquear el impago de las pensiones a los venezolanos residentes en España

El Diputado del Común ha indicado en una nota de prensa que el Defensor del Pueblo está recabando información para conocer los pasos que está dando el Instituto Nacional de la Seguridad (INSS) y otros organismos para encontrar una solución a esta situación que afecta a un colectivo de personas "de especial vulnerabilidad, muchas de ellos enfermas o con discapacidad, que subsisten gracias a la pensión y que no pueden entrar en el mercado laboral por estar jubilados o sufrir alguna incapacidad".

El hecho es que son "numerosas las quejas de ciudadanos" las que está recibiendo el Defensor del Pueblo sobre esta situación, por lo que han remitido una carta al Defensor del Pueblo de Venezuela para trasladarle este problema del conjunto de pensionistas venezolanos que residen en España.

Paralelamente, trasladaron las quejas al Instituto Nacional de la Seguridad Social por la falta de ingresos de Venezuela y el incumplimiento que representa esta situación del Convenio Hipano-Venezolano de Seguridad Social, que se firmó en Caracas en 1988, y que establece que ambas partes se comprometen a hacer efectivas las pensiones a los beneficiarios que residen en el territorio de la otra parte, sin modificación, retención o reducción alguna por el hecho de residir en el otro país.

El INSS, tal y como ha informado al Defensor del Pueblo en la respuesta enviada al Diputado del Común, ha remitido un escrito al Instituto Venezolano de Servicios Sociales (IVSS) instándole a que adopten las medidas necesarias para el abono de la pensión, de acuerdo con el convenio bilateral. Además, se han puesto en contacto con la Consejería de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España en Venezuela, que también está presentando las reclamaciones que recibe ante dicha entidad venezolana.

La Seguridad Social española, en septiembre del año pasado, remitió un escrito al presidente del IVSS en el que se hacía eco de las quejas y reclamaciones de ciudadanos españoles y venezolanos residentes en España por el impago de sus pensiones desde enero de 2016, así como de aquellos otros que no han llegado a percibir su pensión en ningún momento al no haber sido autorizada su exportación por parte de las autoridades venezolanas, requiriendo el cumplimiento de lo previsto en el artículo 5 del Convenio, así como la inmediata reposición en el pago de las pensiones adeudadas a sus pensionistas residentes en España.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo, en el escrito de contestación a la queja, señala que "siguiendo la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, sobre el abono del complemento a mínimos por la Seguridad Social española, en el caso de que el otro Estado no haga el pago de las pensiones reconocidas en virtud de convenios internacionales, algunos Tribunales Superiores de Justicia han reconocido en fechas recientes el derecho al cobro de dichos complementos".

El Defensor del Pueblo ha vuelto a solicitar información al INSS tanto para conocer si se ha hecho una nueva gestión para desbloquear este problema que afecta a este grupo social en perjuicio de sus legítimos derechos, como para saber si este organismo tiene previsto, a la luz de los pronunciamientos judiciales, la adopción de alguna iniciativa de carácter general que permita a los afectados hacer frente a sus necesidades básicas a la vista del dilatado incumplimiento de Venezuela en el pago de pensiones a sus titulares y su persistente incumplimiento del Convenio Bilateral de Seguridad Social.