La Defensora del Pueblo pide información a Montoro y a la FEMP sobre los símbolos franquistas de municipios españoles

El Defensor del Pueblo se ha dirigido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del que es titular Cristobal Montoro, y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el objetivo de pedir información sobre los símbolos franquistas que descansan en más de una treintena de municipios españoles.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el adjunto primero del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, comunica que esta institución ha admitido a trámite la queja presentada por el abogado Eduardo Ranz por la exhibición de más de sesenta vestigios en 38 localidades del territorio nacional.

"Se ha resuelto iniciar actuaciones ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Federación Española de Municipios y Provincias", explica el organismo, dirigido por Soledad Becerril, para añadir que trasladará la información recibida al interesado.

Ranz, especializado en Derechos Humanos, ha celebrado en declaraciones a Europa Press esta resolución, que ha definido como un "ejercicio de Justicia y trabajo, que ojalá se contagie al resto de las instancias locales y tribunales de Justicia", donde también hay reclamaciones pendientes sin que todavía hayan sido resueltas.

"Ojalá se genere la reparación que necesitan las víctimas y, por tanto, se cierren las heridas", ha afirmado Ranz, quien invocó la obligatoriedad de retirar estos elementos conmemorativos en virtud de la Ley de Memoria Histórica.

MINISTERIO DE CULTURA

En un escrito anterior, el Defensor del Pueblo anunció que estudiaría la posibilidad de poner los hechos en conocimiento de la Comisión Técnica de Expertos de la Ley de la Memoria Histórica, adscrita al Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, o los organismos públicos titulares de esos edificios, "a los efectos de obtener un cumplimiento sistemático y no sólo ocasional y puntual del artículo 15 de la Ley", que obliga a retirar esos vestigios.

Eso sí, precisaba que, aunque ha realizado actuaciones en casos concretos, "su potestad no alcanza a lo que resultaría una auditoría del cumplimiento de la citada Ley". "Tampoco puede esta institución ordenar a los ayuntamientos ni a los alcaldes subsanar ni corregir los defectos que usted apunta, las potestades del Defensor del Pueblo no tienen carácter ejecutivo", recordó en un escrito fechado el pasado febrero.

El abogado Eduardo Ranz denunció además en los tribunales el pasado 11 de febrero, coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la Primera República, a 38 alcaldes por un supuesto delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal.

Este delito lleva aparejado una multa de tres a doce meses y una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. De forma subsidiaria, calificaba los hechos como una falta contra el orden público del precepto 634, que prevé el pago de una multa.

El letrado recordaba que el artículo 15 de Ley de Memoria Histórica obliga a las Administraciones Públicas a tomar las medidas oportunas para retirar los escudos, las insignias, las placas y otros objetos o menciones conmemorativas de la "exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura".