La Defensora del Pueblo pide que las víctimas del terrorismo "tengan voz" y sean informadas de los casos que les afectan

Tras reunirse con numerosos representantes de las asociaciones y colectivos de víctimas, Becerril se ha dirigido al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para trasladarle sus peticiones y realizar una serie de recomendaciones con el objetivo de que sean incluidas en el estatuto de la víctima que está elaborando su Departamento.

A juicio de la Defensora del Pueblo, las víctimas del terrorismo deben tener un tratamiento específico dentro de ese estatuto de la víctima, en el que se establezca un "sistema permanente" de comunicación con todas las víctimas del terrorismo de modo que éstas conozcan las decisiones en materia antiterrorista y tengan voz ante las administraciones con respecto a las cuestiones que les afectan.

Para Becerril también es importante que las víctimas del terrorismo conozcan en cada momento la situación penitenciaria de los autores del delito que les afecta, por lo que recomienda que sean informadas de si el autor del delito va a salir de la prisión, acceder al tercer grado o a la libertad condicional.

También plantea que los autores de los delitos asuman no solo las responsabilidades penales, sino también las civiles, y pide que se adopten las medidas necesarias para evitar la impunidad y, en la medida de lo posible, la prescripción de estos delitos, sobre todo, teniendo en cuenta el alto número de asesinatos en los que no se han depurado responsabilidades.

INFORMAR DE LOS JUICIOS

Otra de las recomendaciones propone que se garanticen las becas de estudio no universitario y universitario y de apoyo educativo a las víctimas del terrorismo en todos los niveles de la enseñanza. Asimismo, destaca la solicitud de que las víctimas del terrorismo sean informadas con mayor antelación de la celebración de los juicios penales que les afecten y que se evite que las víctimas y sus familiares tengan que compartir espacios en los edificios judiciales con los autores de los delitos y las personas de su entorno.

En su escrito, la Defensora también considera que las asociaciones de víctimas deben poder ejercitar la acusación popular sin restricciones y que las víctimas deben estar exentas del pago de las costas procesales derivadas del ejercicio de acciones en defensa de sus derechos.

Becerril también cree que el arrepentimiento debe pasar por la colaboración total de los autores de estos crímenes con las autoridades para el esclarecimiento de los delitos de terrorismo.