Delegación del Gobierno catalana analiza que un ayuntamiento pertenezca a una asociación por la independencia

La Delegación del Gobierno en Cataluña está analizando que un ayuntamiento pertenezca y pague a la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y ha requerido a la alcaldesa de Begues (Barcelona) información sobre el pago de cuotas a la entidad.

En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, la delegada Llanos de Luna pide a Mercè Esteve (CiU) que le envíe en un plazo de 20 días el acuerdo con que se decidió el pago de la cuota (745 euros al año) o de cualquier otra partida a la AMI.

Basa su petición en un informe de la Abogacía del Estado que recoge una sentencia del Tribunal Supremo de 2006 sobre la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y que constata que los entes municipales no pueden, al margen de sus competencias legales, poner sus potestades "al servicio de ideas o proyectos políticos determinados que promuevan la autodeterminación, cuya promoción o defensa les corresponde a otro tipo de instituciones".

Además, estas actuaciones pueden ser contrarias al principio de objetividad que debe regir la actuación de los ayuntamientos "como poderes públicos al servicio de la comunidad vecinal".

También se destaca que no se puede justificar la conversión de los ayuntamientos "en organizaciones de difusión o defensa de proyectos políticos supranacionales, en los que el referente deja de ser el sustrato colectivo del municipio, para desplazarse hacia una colectividad más amplia e indefinida, cuya representación corresponde en realidad a otro tipo de entes territoriales".

Aun así, la Delegación del Gobierno ha explicado a Europa Press que el requerimiento que ha enviado es exclusivamente para pedir información sobre si se ha pagado esta cuota.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la AMI y alcalde de Vic (Barcelona), Josep Maria Vila d'Abadal, ha acusado a De Luna de poner "en tela de juicio la legalidad" de la entidad que preside, de atacar a los consistorios y de querer limitarlos a hacer política local.

"¿Cómo puede cuestionar la democracia y la representación del municipalismo en Cataluña? Es una barbaridad. La AMI no le interesa y no le gusta", según él.

Ha defendido la legitimidad de la AMI como movimiento institucional y para debatir e impulsar propuestas, por lo que considera que la actitud de la delegada con la entidad y los ayuntamientos catalanes adheridos responde a una cuestión "política".

Así, acusa al Gobierno central de querer "controlar" el movimiento independentista en Cataluña, al recordar que esta solicitud al Ayuntamiento de Begues se suma a los requerimientos que De Luna ha enviado a otros por declararse soberanos fiscalmente --como Vic-- y por no colgar la bandera española en el balcón consistorial.

BEGUES RESPONDERÁ

Por eso, los servicios jurídicos de la AMI están asesorando a Begues --que responderá a la solicitud de De Luna--, como han hecho también con el resto de ayuntamientos que han recibido peticiones de la Delegación.

En declaraciones a Europa Press, la alcadesa Mercè Esteve ha constatado que no es la primera vez que De Luna les envía requerimientos, porque ya lo hizo por no colgar la bandera española.

DE LUNA, 'NON GRATA'

Ha subrayado que la demanda para enviar el acuerdo del pago de la cuota a la AMI la han recibido pocas semanas después de declarar a De Luna persona 'non grata' en Begues.

Esteve ha explicado que se adhirieron a la AMI al poco de su nacimiento --finales de 2011--, convirtiéndose en la primera población de la comarca del Baix Llobregat en hacerlo, con el apoyo de todos los grupos salvo el PP.

Ha concretado que sólo han pagado a la AMI la cuota de 2012 (745 euros) y ha defendido la potestad del ayuntamiento de formar parte de entidades: "Estamos asociados a la AMI y a otras entidades como la ACM, y, como asociados, pagamos la cuota. Toda entidad tiene derecho a reclamar una cantidad económica" si va en beneficio del ciudadano.

Mercè Esteve ha reivindicado que no hacen "nada ilegal; todo lo contrario", y ha acusado a la delegada de no tener argumentos sólidos para rebatir la decisión del Ayuntamiento.