Dimiten los siete concejales de Santiago (PP) inhabilitados durante nueve años por prevaricación

Los siete concejales del PP en Santiago de Compostela que han sido condenados a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación renunciarán a su acta, tal y como han acordado en el transcurso de una reunión con la dirección autonómica del PPdeG que se ha prolongado durante algo más de dos horas.

A la salida de la cita en la sede autonómica, la todavía portavoz del gobierno local, María Pardo, ha leído un comunicado en el cual los ediles volvieron a defender su inocencia, pese a que la sentencia sostiene que "injustamente y prevaleciéndose de su condición de autoridad, obraron a sabiendas de la arbitrariedad del acuerdo que estaban adoptando" cuando aprobaron que el Ayuntamiento se hiciese cargo de los gastos de defensa de su compañero de corporación Adrián Varela, implicado a su vez en la Operación Pokémon y quien presentó su dimisión el pasado lunes.

En el escueto comunicado se recoge la determinación de "renunciar al acta de concejales" ante la decisión de la Justicia, la cual los ediles consideran "injusta" en su resolución de culpabilidad y "desproporcionada en lo que se refiere a la condena", de nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público.

La por ahora portavoz del gobierno local, flanqueada por los diversos cargos del PP que estuvieron presentes en la reunión y el propio alcalde --imputado en la Operación Pokémon y en una causa a raíz de una denuncia de un policía local--, aseguró también, en nombre de todos los ediles condenados, a los que mencionó uno por uno, que mantienen su "inocencia".

En este sentido, los siete concejales del grupo de Gobierno han anunciado que recurrirán esta sentencia, lo cual ya había sido recomendado por el propio presidente de la Xunta y del partido, Alberto Núñez Feijóo, en el caso de que resultasen condenados.

No obstante, el líder los populares gallegos también había señalado que tendrían que abandonar el Ayuntamiento de la capital gallega si el fallo era condenatorio en primera instancia, si bien el mandatario autonómico ha respaldado a los concejales procesados durante todo este tiempo.

Fuentes del PPdeG consultadas por Europa Press aseguraron que los siete concejales "eran conscientes de la situación" en la que quedaban a raíz de la condena a nueve años de inhabilitación y que "tenían que dimitir sí o sí", de forma que no se habrían resistido a renunciar a sus actas de ediles en el Ayuntamiento de Santiago y no se habrían producido diferencias de criterio porque "tenían asimilada la decisión".

REUNIÓN CON EL ALCALDE Y OTROS DIRIGENTES

A la reunión en la sede regional han acudido el secretario general, Alfonso Rueda; el presidente del PP de A Coruña, Carlos Negreira; el secretario general del PP en esta provincia, Diego Calvo; y el alcalde de Santiago, Ángel Currás. Todos ellos estuvieron presentes, también, en la lectura del comunicado que protagonizó María Pardo, acto que tuvo lugar en el exterior de edificio que aloja la sede central del PP gallego.

Por su parte, el resto de los ediles que asistieron a la junta de gobierno local del 30 de mayo de 2013, que firmaron la decisión de sufragar la defensa de Adrián Varela, salieron de la sede por la puerta del garaje para tratar de esquivar a los medios de comunicación apostados ante el edificio.

Según las fuentes del PPdeG consultadas por Europa Press, será el alcalde de Santiago de Compostela el que controle la hoja de ruta sobre cómo se efectuará la renovación de las ocho plazas de edil que quedan vacantes en las filas municipales populares --las siete de los condenados más la del dimitido Adrián Varela--.

POSIBILIDADES PARA AFRONTAR EL FUTURO

Ángel Currás tendrá ahora que decidir el mecanismo para rehacer su equipo de Gobierno. Tiene la opción de buscar recambios en la lista que presentó el PP en las elecciones de 2011, pero el último en incorporarse al Consistorio fue José María Rosende Rico, que ocupaba el puesto número 17 de un total de 25.

Daniel Grela Castro es el siguiente en esa lista, que cerró en el puesto número 24 la diputada autonómica Marta González y en el 25 el actual conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, aparte de los cuatro suplentes. Aníbal García, que figuraba en el puesto 22 ha fallecido. También existiría la opción de completar puestos con personas ajenas a la candidatura.

Oficialmente, el actual regidor de Santiago tendrá manos libres para rehacer su equipo de gobierno a menos de un año para las próximas elecciones municipales, ya que el PPdeG asegura que no le corresponde al partido decidir los relevos. Los 'populares' gallegos tienen previsto afrontar en los próximos meses congresos en las ciudades gallegas, entre ellas en Santiago de Compostela, con el horizonte de concluir estos procesos de renovación en otoño de este año para encarar las municipales del 24 de mayo de 2015.

Ángel Currás llegó a la Alcaldía compostelana a raíz de la dimisión forzada de Gerardo Conde Roa tras ser imputado por un fraude fiscal por el cual acabó por ser condenado. Currás era, precisamente, el candidato de Conde Roa, frente a las preferencias de la dirección autonómica por Paula Prado, actual portavoz del PPdeG y diputada autonómica, que también se ha visto salpicada por la Operación Pokémon, aunque por el momento no está imputada.

EDILES CONDENADOS

Los concejales condenados en la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago, son María Pardo, teniente de alcalde, delegada de Urbanismo y portavoz de la Junta de Gobierno Local; Cecilia Sierra, edil de Hacienda; Francisco Noya, de Participación Ciudadana y Fiestas; Amelia González, de Régimen Interior y Personal; Juan de la Fuente, de Vías y Obras; María Castelao, de Servicios Sociales; y Luis García Bello, de Seguridad y Movilidad.

Esta condena agrava la difícil situación del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, donde tras la dimisión de Adrián Varela, permanecían imputados en alguna causa nueve de los 13 ediles con los que cuenta el PP en la corporación compostelana. Así, en la Operación Pokémon están también imputados la edil de Normalización Lingüística, Rebeca Domínguez, y el propio alcalde, sobre quien también pesa otra imputación en el caso de un policía que denunció acoso.

Por su parte, Juan de la Fuente se vio envuelto en un caso de facturas falsas para justificar subvenciones. De esta forma, del grupo municipal del PP en Santiago de Compostela sólo permanecen sin ninguna imputación la primera teniente de alcalde y concejal de Empleo y Turismo, Reyes Leis, así como Luís Meijide Rodríguez y José María Rosende Rico, ambos adscritos al Área de Participación Ciudadana.