Diputación cesa al jefe de Conservación de Carreteras tras su imputación por Alaya en la Operación Enredadera

Así lo han dado a conocer este martes, en rueda de prensa, la propia Gracia y el vicepresidente primero de la Diputación, Salvador Fuentes, explicando éste último que esta ha sido la reacción del gobierno del PP en la institución provincial tras conocer "la presunta implicación" del citado funcionario en la trama que, bajo la dirección de Alaya, investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sobre el cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos a través de una organización criminal jerarquizada, que tendría como centro a la empresa Fitonovo.

En cualquier caso, Fuentes ha señalado que la Diputación se está guiando en este asunto con "responsabilidad" y "prudencia", razón por la que el cese del citado jefe en su cargo no es definitivo, sino que ha sido una medida "de carácter cautelar", siendo el objetivo último del gobierno el evitar que se pueda "empañar la imagen de la Diputación" o que se ponga en cuestión la "profesionalidad" de los 1.800 trabajadores de la institución provincial.

Por ese mismo motivo, según ha recordado el vicepresidente primero, la pasada semana se facilitó a los agentes de la UCO enviados por Alaya a la Diputación "toda la documentación" requerida por éstos y que se refiere a contratos de "los últimos 15 años".

En cuanto al funcionario destituido del cargo de jefe de Conservación de Carreteras, la delegada de Recursos Humanos ha precisado que, mediante el mismo decreto por el que le cesó el pasado jueves 13 de noviembre en dicha jefatura "de tercer nivel", le ha adscrito, "con carácter provisional", al Servicio Provincial de Ingeniería Civil, "en funciones propias de su categoría profesional (ingeniero)", pero sin ocupar ya jefatura alguna, siendo asumidas sus anteriores responsabilidades por el jefe del Área de Carreteras de la Diputación.

Esta es la última consecuencia, hasta ahora, del desarrollo en Córdoba de la citada Operación Enredadera, que ha abarcado a otras 12 provincias españolas y que en la provincia cordobesa supuso la pasada semana la detención de tres empresarios y dos responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), además de la imputación del mencionado funcionario de la Diputación.

De los cinco detenidos en Córdoba, la juez de Mercedes Alaya ya decretó la pasada semana la puesta en libertad con cargos de los tres empresarios y de uno de los técnicos de ADIF, mientras que ordenó el ingreso en prisión, eludible con el pago de una fianza de 250.000 euros, del otro responsable de ADIF en Córdoba, al que la juez acusa de haber cobrado en comisiones 1.004.624 euros entre los años 2003 y 2012.