Diputados y senadores del PDeCAT irán mañana a la Audiencia Nacional a apoyar a Trapero durante su declaración

Un grupo de diputados del PDeCAT acudirán este viernes a la Audiencia Nacional para arropar al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y a otros citados a declarar investigados por el delito de sedición en relación a los incidentes que tuvieron lugar los pasados días 20 y 21 de septiembre a las puertas de la Consejería de Economía en Barcelona.

Según ha informado la formación política, los diputados Carles Campuzano, Jordi Xuclà, Miriam Nogueras, Lourdes Ciuró y los senadores Jospep Lluís Cleries y Beth Abad se acercarán a las puertas de la sede judicial en la que están citados a comparecer, además del jefe de los Mossos, la intendente Teresa Laplana, el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

A los representantes del PDeCAT se sumarán una delegación del Secretariado Nacional de la ANC en apoyo a su presidente, tal y como han manifestado en un correo interno al que ha tenido acceso Europa Press.

La juez Carmen Lamela les ha citado este viernes en relación con el dispositivo que se montó ante la Consejería de Economía para proteger la seguridad mientras actuaba la Guardia Civil en un operativo para impedir el referéndum.

Sànchez y Cuixart han solicitado a la magistrada suspender la declaración; aunque finalmente acudirán, según han informado fuentes de ambas entidades a Europa Press, al margen de que luego se acojan a su derecho a no declarar.

INVESTIGADOS POR "ROMPER LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL" DEL ESTADO

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 acordó estas diligencias una semana después de admitir a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía contra las personas que participaron en las concentraciones durante los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

En su auto, la juez expuso que estos actos podrían ser constitutivos de delito de sedición al ir "dirigidos a romper la organización territorial del Estado" y declaraba a la Audiencia Nacional competente para su investigación ya que estos hechos podrían atentar contra los bienes jurídicamente protegidos y la actual forma de gobierno.

Tras admitir a trámite la denuncia del Ministerio Público, Lamela acordó librar oficio a la Guardia Civil para que elaborase el atestado sobre las actuaciones que se produjeron en el marco del operativo judicial desplegado contra altos cargos de la Generalitat responsables de la organización del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.

Dichas concentraciones, que se saldaron con varios coches de la Guardia Civil destrozados, buscarían "tratar de cambiar ilegalmente la organización territorial del Estrado y declarar la independencia de una parte del territorio" quebrantando "el principio de la unidad de la Nación española", según expuso la juez de la Audiencia Nacional en su auto.

LOS MOSSOS APORTARÁN INFORMACIÓN SOBRE EL DISPOSITIVO

También se hizo eco de la denuncia de la Fiscalía que apuntó que la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium montaron en La Rambla un puesto para voluntarios desde donde se organizaban los turnos de relevo para las concentraciones ante la Consejería de Economía.

Los Mossos han asegurado que los dos mandos aportarán "toda la información sobre las actuaciones que el cuerpo realizó en el dispositivo" del 20 de septiembre para mantener el perímetro de seguridad en el edificio del Govern mientras duraba la actuación del Instituto Armado.

Tras conocerse esta citación, la jefatura de los Mossos se dirigió a sus agentes a través de una circular interna asegurándoles que han cumplido instrucciones y órdenes judiciales con "el máximo rigor y profesionalidad".

Por otro lado, ambas entidades han defendido que, en ningún caso, se llamó a utilizar la violencia y estuvieron en constante comunicación con los Mossos d'Esquadra y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para evitar cualquier tipo de altercado y aislar cualquier elemento que perturbara el orden público.

El mismo Cuixart aseguró este miércoles que el escrito de Fiscalía que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite está "lleno de imprecisiones y falsedades", y que no reconoce el delito de sedición por el que quieren que vaya a declarar.