Doce años de prisión para un varón por disparar en la cabeza a un compatriota en una discoteca de Pontevedra

El ciudadano colombiano Rolando Quintero acusado de tentativa de homicidio ha sido condenado a doce años de prisión tras admitir que disparó en la cabeza a su compatriota Luis Felipe en la discoteca Río Latino de Pontevedra.

El procesado, de 25 años y nacido en Cali (Colombia), en situación irregular en España, al observar que en la pista de baile se encontraba Andrés Felipe D.G., de 38 años, natural de Medellín (Colombia), se acercó a él, sacó una pistola y la colocó a la altura de la sien derecha de Luis Felipe "procediendo sin más a dispararle", según había señalado el Ministerio Público y admitió el acusado.

El proyectil entró por el cuello "porque la víctima sólo tuvo tiempo de apartar ligeramente la cabeza". Como consecuencia del disparo Luis Felipe resultó "con tan graves heridas que habrían determinado su fallecimiento de no ser por las intervenciones médico-quirúrgicas a las que fue sometido".

El acusado reconoció los hechos de los que se le acusaba y asumió una pena de doce años de prisión, una rebaja de cuatro meses respecto a la petición que formulaba la Fiscalía. Si varió sustancialmente su solicitud de pena la acusación particular que pedía 18 años de cárcel y un millón de euros de indemnización.

La Fiscalía entiende que los referidos hechos constituyen un delito de asesinato en grado de tentativa por el que se solicita la pena de diez años de prisión y la pena de dos años de cárcel por un delito de tenencia ilícita de arma de fuego corta, introducida en España de forma ilegal. El fiscal Jesús Calles aceptó esta "mínima rebaja" de cuatro meses, respecto a su petición inicial ya que no se encontró el arma homicida.

Por su parte, la víctima Andrés Felipe declaró estar "satisfecho". "Creo que se ha hecho Justicia", dijo tras abandonar la sala después de la vista.

En declaraciones a los medios de comunicación, Andrés Felipe aseguró que recuerda perfectamente "todo lo ocurrido aquella noche". "Yo estaba bailando, él me puso el arma en la sien y disparó. Iba a por mí", ha recordado. "Ese día se le cruzaron los cables, no sé lo que le pasaría", ha añadido.

ENFRENTAMIENTO

Sin embargo sí admitió que "antes ya había habido algún enfrentamiento" ya que con anterioridad habían "tenido enfrentamientos por problemas familiares pero no como para reaccionar así". "La vida me ha cambiado mucho porque ahora estoy muy limitado, con un brazo inmóvil, no puedo trabajar", ha comentado.

A pesar de rebajar su petición inicial de pena, también se mostró satisfecho Jorge Cubela, abogado de la acusación particular. "El arma no apareció pero él si reconoció que la tenía y que la había conseguido en Portugal", apuntó el letrado.

El acuerdo se gestó en la mañana de este lunes "en sala", algo que sorprendió incluso a las partes. "Yo venía con la idea de celebrar" el juicio, admitió la abogada de la defensa, Patricia Vilán.

No fue sin embargo el de este lunes el primer intento de alcanzar una conformidad ya que cuándo se prorrogó la prisión provisional hace más de dos meses el magistrado ponente había planteado a las partes un acuerdo que la acusación particular rechazó porque su petición de pena era mayor.

Sin embargo, la defensa reconoció que el margen de negociación era escaso ya que los hechos fueron en grado de tentativa con circunstancias agravantes y sin ningún atenuante por lo que "la pena no se podía subir a todo lo que pedía la acusación particular el tope era lo que pedía el fiscal", dijo la abogada.

INDEMNIZACIÓN

La indemnización impuesta atiende al baremo oficial, por lo que la acusación se avino a lo que pidió el fiscal Jesús Calles y el acusado lo aceptó, aunque "es insolvente por lo que el perjudicado tendrá que reclamar la responsabilidad patrimonial al Estado", señaló su abogada.

Como indemnización, el acusado deberá abonar a la víctima 32.550 euros por los días de hospitalización, incapacidad y curación, 370.000 euros por el conjunto de las secuelas y 30.000 euros por daño moral.

Además solicita la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de Luis Felipe, de su domicilio o lugar de trabajo y la de comunicarse con él por cualquier medio durante un periodo de diez años.

MALAS RELACIONES

La abogada del acusado explicó que las relaciones entre su cliente y la víctima "eran malas desde hacía mucho tiempo, y el perjudicado llevaba metiéndose con su familia desde hacía mucho".

Según la letrada, ambos compatriotas habían tenido "varios enfrentamientos con armas, apuñalándose en ocasiones anteriores, incluso el día del suceso la víctima portaba un cuchillo".

"Además había unas amenazas veladas de que le iba a hacer algo tanto a él como a su mujer que estaba embarazada y dos días antes hubo una reyerta con los padres de su mujer que fue la que precipitó los acontecimientos", sostiene la defensa del acusado. "La familia sostiene que Andrés Felipe maltrataba a su mujer", concluyó.