EE.UU. esperará el resultado de la gestión de la OEA para determinar el futuro de la ayuda

"Estamos evaluando el impacto de estas acciones (el derrocamiento de Manuel Zelaya) en los programas de asistencia. Nuestro enfoque es el bienestar del pueblo hondureño", dijo en conferencia telefónica el funcionario, que pidió el anonimato por la delicada situación.

Precisó que Estados Unidos esperará al informe que presentará el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, ante la Asamblea General del organismo, el próximo 6 de julio, para determinar los siguientes pasos.

En ese sentido, también valoró la decisión de Zelaya de postergar su regreso a Honduras mientras se realizan las gestiones diplomáticas.

La madrugada del miércoles, la Asamblea General aprobó por unanimidad una resolución de cinco puntos que impuso un plazo de 72 horas para la restitución "inmediata, segura e incondicional" de Zelaya.

De lo contrario, como mayor medida de presión, la OEA aplicará el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana de 2001 para suspender a Honduras del organismo regional, lo que conlleva a su aislamiento diplomático, económico y político.

El funcionario dijo que la meta de Estados Unidos es continuar trabajando con sus socios a través de la OEA para resolver la crisis y para lograr la restitución "incondicional" de Zelaya.

Subrayó que si bien había preocupaciones sobre una consulta popular no vinculante con miras a una reforma a la Carta Magna, éstas son "independientes del acto inconstitucional" en contra del ahora depuesto presidente.

La fuente reconoció que hay lagunas de información en torno a lo ocurrido la madrugada del domingo pasado, cuando Zelaya fue sacado de su casa a punta de pistola por militares y expulsado del país a Costa Rica.

"No hay pruebas claras de lo que ocurrió en la residencia" presidencial, dijo.

Por otra parte, enfatizó que el Gobierno de EE.UU. realiza una "revisión" de lo ocurrido para determinar si fue o no un "golpe militar".

Según el funcionario, Estados Unidos lo considera por ahora un "golpe de Estado", porque si bien tuvo un componente castrense, "el traspaso del poder no fue una acción militar".

Se refirió así porque aunque fueron los militares los que sacaron a Zelaya del palacio presidencial, el Congreso hondureño y algunos miembros clave de esa institución jugaron un papel importante.

El Parlamento hondureño nombró al titular de ese órgano, Roberto Micheletti, como nuevo jefe de Estado.

El matiz sobre el tipo de derrocamiento es importante porque la ley estadounidense exige que, una vez determinado que hubo un golpe militar, Estados Unidos tiene que cortar la ayuda exterior a ese país.

Preguntado sobre si EE.UU. tenía conocimiento previo de que habría un golpe, el funcionario contestó: "la respuesta es no".

Estados Unidos sí estaba al tanto de las crecientes tensiones políticas y dejó en claro en su comunicación "con todos los actores políticos que EE.UU. no apoyaría acciones extraconstitucionales", dijo.

Pese a que se trata de "un momento muy delicado", el funcionario confió en que se logrará una solución pacífica a la crisis, al considerar que en la región "estos golpes no duran mucho".

Por ahora, Estados Unidos no prevé retirar a su embajador de Tegucigalpa porque cree que es preferible mantener una presencia diplomática que pueda ayudar a resolver la crisis.

Sobre la influencia que pudo ejercer Estados Unidos, el funcionario señaló que "este es un asunto hondureño", en el que se tomó una "decisión equivocada".

Vaticinó que, pese a la retórica, será difícil para el nuevo Gobierno de Micheletti resistir la "abrumadora presión internacional".