La juez del caso ERE reclama a la Junta expedientes de ayudas a seis ayuntamientos y otras 15 empresas

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos, ha ordenado a la Junta que aporte copia "íntegra y testimoniada" de 21 nuevos expedientes relativos a ayudas sociolaborales concedidas por la Consejería de Empleo a entidades o empresas, seis de ellos correspondientes a los ayuntamientos de Alcolea del Río, Camas, Coria del Río y Puebla del Río, en la provincia de Sevilla; y Chiclana de la Frontera y la pedanía jerezana de La Barca de la Florida, en la provincia de Cádiz.

Se trata de 21 de los expedientes recogidos en el acta del Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), fechado el 30 de enero de 2004 y firmado por el ex consejero de Empleo y actual secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, como presidente de dicha institución, que el PP-A envió a la juez la semana pasada y que recoge convenios de colaboración para otorgar ayudas a dichos ayuntamientos, "todos gestionados por entonces por el PSOE", y a 15 empresas "de dudosa rentabilidad" y "amigas del PSOE" en la Sierra Norte de Sevilla.

En un auto dictado el pasado día 27 de septiembre y notificado este martes, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada hace mención al escrito presentado por el procurador del PP-A el pasado 26 de septiembre, "de cuyo contenido se vienen haciendo eco numerosos medios" y amplía la petición de información formulada a la Junta de Andalucía los pasados 16 de abril y 14 de septiembre para que aporte 21 nuevos expedientes de subvenciones autorizadas por el Consejo Rector del IFA.

SUBVENCIONES A SEIS AYUNTAMIENTOS POR VALOR DE 432.000 EUROS

En concreto, la juez solicita los expedientes correspondientes a subvenciones a los ayuntamientos sevillanos de Coria del Río, que según la juez habría recibido en 2003 dos ayudas por un importe total de 132.121 euros; Camas, que también en 2003 recibió 60.101,21 euros; Alcolea del Río, que, según la magistrada, recibió 120.000 euros en 2003 y 2004 para la primera y la segunda Feria de Desarrollo Rural, y La Puebla del Río, que en 2003 fue beneficiaria de 78.130 euros "para un plan piloto de prevención de riesgos laborales".

Asimismo, y en la provincia de Cádiz, pide los expedientes de subvenciones dadas al Ayuntamiento de Chiclana, que, según indica la juez Alaya, a finales de 2003 habría recibido 24.000 euros para la promoción de la Feria de Muestras y Turismo, y a la pedanía jerezana de La Barca de la Florida, que por el mismo concepto y en la misma fecha recibió 18.000 euros.

De igual modo, la magistrada pide los expedientes correspondientes a subvenciones otorgadas a las empresas Cooperativa Virgen del Belén, a quien "se le concedió en virtud del Plan de Viabilidad 270.455,44 euros entre 2003 y 2004"; Sociedad Cooperativa San Sebastián de Guadalcanal, quien habría recibido entre 2003 y 2005 un millón de euros y 440.000 euros en 2008; Oce Renting, con 360.607,26 euros en el año 2004; Aeronáutica del Sur (Aerosur), a quien se dio 1,2 millones de euros "como ayuda de empresa" entre los años 2005 y 2006, y Corchos Higuera, a quien se le concedió en 2005 una ayuda de 601.012 euros.

LAS EMPRESAS, UBICADAS EN LA SIERRA NORTE SEVILLANA

Asimismo, exige los expedientes de las subvenciones dadas a Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), empresa de El Pedroso a quien se le concedieron tres ayudas con un importe global de 3.003.036,21 euros entre 2002 y 2007; Ibérica de Exportaciones y Transacciones, empresa "relacionada con Tierra Virgen Alimentación" a quien se dio una ayuda de 1,2 millones de euros en 2004; Refractarios de Andalucía, Refractarios de Guadalcanal, Refractarios de Sevilla y Refractarios y Derivados, empresas ubicadas en Guadalcanal que recibieron ayudas por un importe total de 2.313.896,60 euros entre 2001 y 2006, y Romero Álvarez, empresa de Alanís de la Sierra beneficiada con una ayuda de 1,2 millones de euros entre 2005 y 2007.

Otros expedientes de subvenciones solicitados son los otorgados a Servicios y Mantenimientos de Cazalla S.L., empresa de Guadalcanal a quien se concedió 601.012 euros entre 2004 y 2005; Vivir El Barro S.L., también ubicada en Guadalcanal y que recibió una ayuda "laboral" de 721.215 euros en 2005; Asociación de Trabajadores Medio Natural, beneficiada con 1.743.733,26 euros entre 2004 y 2005; Hotel La Posada del Moro, con 450.759 euros en 2005; San Goy S.L., "empresa relacionada con el Hotel La Posada del Moro y a quien, igualmente, se le abonó una ayuda de 450.000 euros entre 2009 y 2010"; y SAT Virgen del Espino, empresa ubicada en El Pedroso que recibió dos ayudas por un importe total de 1.051.012 euros. En este sentido, reclama al Registro Mercantil la historia registral de cada una de las 15 empresas mencionadas, todas ubicadas en la Sierra Norte de Sevilla.

En este mismo auto, y "como continuación a lo interesado en el auto de 14 de septiembre" por el que la juez Alaya ordenó a la Junta que aportara copia "compulsada e íntegra" de 40 nuevos expedientes relativos a ayudas sociolaborales concedidas por la Consejería de Empleo a determinas empresas o entidades, la magistrada requiere a la representación legal de la Junta de Andalucía "para que aporte copia compulsada e íntegra del contrato de servicios y factura por asesoramiento a empresas del abogado de Jerez Ignacio Vergara Ivison por importe de 150.000 euros, que le fueron abonados en el año 2003".

NUEVAS DECLARACIONES DE IMPUTADOS

De otro lado, la juez acuerda incorporar a las actuaciones los folios 247 y 262 del expediente referido a Promi. Hay que recordar que la integrante de la lista del PP a la Alcaldía de Córdoba en las últimas elecciones municipales Cristina Ruiz renunció a figurar en la candidatura después de conocerse que, siendo gerente de Promi, supuestamente tramitó un expediente de regulación de empleo (ERE) en el que han detectado prejubilados falsos. Precisamente, el padre de Cristina Ruiz, Rafael Ruiz García, está imputado en esta causa, ya que supuestamente está asociado a una póliza de seguro de rentas correspondiente a la compañía Cespa S.A. pese a no formar parte de su plantilla, por la que llegó a cobrar un total de 153.439,61 euros.

Por último, la juez cita a declarar como imputados este jueves a Antonio González Pérez, que fue incluido en el ERE promovido en el año 2007 por la sociedad anónima laboral sevillana 'Saldauto' pese a no formar parte de su plantilla, y cuya declaración, prevista para el pasado día 29 de septiembre, fue suspendida, y a Antonio Arquero García, vecino de la localidad de El Pedroso, ya que "prevaliéndose indiciariamente de su amistad" con el ya ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero "ha sido beneficiario de una póliza de rentas de supervivencia subvencionada íntegramente por la Dirección General de Trabajo", todo ello "sin que conste ni solicitud ni concesión de subvención o ayuda al mismo".

En este punto, reclama a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil la declaración prestada en sede policial por éste último.