Eliminar las diputaciones ahorraría unos 600 de los 6.338 millones de euros que costaron en 2015

La supresión de las diputaciones provinciales ahorraría de forma inmediata 600 millones de euros, de los 6.300 que los presupuestos de todas ellas sumaron en 2015. La cifra es el resultado de eliminar la estructura política de estas instituciones, sus órganos de gobierno, unos 140,56 millones de euros, y otros 446,9 millones que las diputaciones reciben de otras administraciones sin una finalidad concreta.

Así lo indica la Fundación ¿Hay Derecho? en un trabajo sobre el coste y utilidad de las diputaciones provinciales, cuya eliminación ha entrado a formar parte del debate político en los últimos años.

El estudio, titulado 'Coste y utilidad de las Diputaciones

provinciales: claves para un debate necesario', analiza únicamente las 38 diputaciones de régimen común, excluyendo las tres diputaciones forales vascas, los siete cabildos insulares de Canarias y los cuatro consejos insulares de Baleares. Actualmente, el PSOE gobierna en 18, el PP en 15, CDC en las cuatro provincias catalanas y el PAR en Teruel.

En el documento se repasa la estructura de ingresos y gastos de estas instituciones y su funcionamiento, muy diverso entre las 38 diputaciones de régimen común. La conclusión del trabajo es que debe abordarse su supresión o su reforma en profundidad, porque tal y como funcionan ahora tienen un alto "componente político", no rinden cuentas antes los votantes porque no se elige en las urnas a los diputados, no son autónomas para financiarse y no tienen competencias propias claras.

También apunta a la libertad de las diputaciones para decidir su propia estructura, la ausencia de una fiscalización externa rigurosa y la variedad de sus fórmulas de gestión. Considera que todo ello ha hecho que muchas diputaciones se hayan convertido en "estructuras sobrecargadas con personal de origen político" y hayan generado "redes clientelares importantes que a su vez han provocado numerosos casos de nepotismo, despilfarro y corrupción".

De hecho, la fundación recuerda que varios presidentes de diputaciones han tenido problemas judiciales e incluso han sido detenidos y condenados, como Carlos Fabra (Castellón) o José Luis Baltar (Ourense).

EL 10% DEL PRESUPUESTO, PARA SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Pero, aunque se suprimiese la estructura política, los servicios que las diputaciones prestan a los municipios tendría que seguir prestándolos otra administración y habría que mantener a los funcionarios y empleados públicos que trabajan en ellas, unos 62.000 en total.

Los presupuestos de las 38 diputaciones provinciales sumaron en 2015 un total de 6.358 millones de euros. El 37,4 por ciento se destinó a actuaciones de carácter general, capítulo en el que se incluye el gasto en la propia estructura de las diputaciones, mientras que a servicios públicos básicos fue el 10,2 por ciento. Otro 16,5 por ciento fueron actuaciones de protección social y otro 16%, actuaciones económicas.

De esos presupuestos, la eliminación de las diputaciones ahorraría de forma inmediata 600 millones, según este trabajo: lo que cuesta mantener los órganos de gobierno (140,5 millones) y las transferencias que reciben sin una finalidad concreta (446,9).

Pero a medio plazo, esta Fundación entiende que el ahorro sería mayor, de unos 1.230 millones de euros, porque se eliminarían duplicidades con otras administraciones, se racionalizarían las políticas públicas y se acabaría con "el sobrecoste ocasionado por el clientelismo y la corrupción", difícil de calcular, según admite.

En el informe se advierte de que las diferencias en los ingresos, gastos y gestión de las diputaciones son muy grandes; también las de los ahorros que se lograrían a medio plazo con su supresión. Por ejemplo, el ahorro potencial en Pontevedra sería de 1,9 millones de euros, en Soria de 6,44 millones, pero en Teruel de 18,2, en Cáceres de 16 o en Málaga de 54; en Lugo se llegaría a los 81,3 millones y en Lleida, a los 94,7 millones de euros, la mayor cifra de todas.

CIUDADANOS PIDE SU SUPRESIÓN

El estudio de la Fundación ¿Hay Derecho? indica que si se quiere hacer una "profunda regeneración democrática" en España, no se puede mantener la estructura y el funcionamiento actual de estos entes.

En pro de esa regeneración y buscando también un ahorro de dinero público, Ciudadanos llevaba en su programa para las elecciones generales la supresión de las diputaciones provinciales y la fusión de municipios.

El PSOE, por su parte, abogaba por modernizar estas instituciones reformulando su papel como espacio de encuentro entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y dotándolas de competencias prestadoras de servicios que supongan una mejora de eficacia y eficiencia respecto a los mismos servicios prestados por los municipios.

Cuando ambos partidos firmaron en febrero un pacto de gobierno, lo que planteaban en este acuerdo era la supresión de las diputaciones provinciales de régimen común y la creación de consejos provinciales de alcaldes para la atención al funcionamiento y la prestación de servicios de los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Antes de eso, en 2011, el PSOE había propuesto transformar las diputaciones en consejos de alcaldes para delimitar sus competencias, simplificar su estructura y reducir su representación política, garantizando los puestos de trabajo de los funcionarios y el

personal. El entonces candidato a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, cifró el ahorro en mil millones de euros anuales.

EL PP, EL ÚNICO QUE DEFIENDE LAS DIPUTACIONES

El único partido que en las últimas elecciones defendía en su programa electoral el papel de estas instituciones ha sido el PP, aunque dentro del PSOE han surgido voces en contra de su eliminación.

En cuanto a Podemos, en su programa planteaba la progresiva asunción de las competencias y recursos de las diputaciones provinciales hasta su supresión constitucional y la coordinación autonómica de las actuales funciones de las diputaciones provinciales.

Sin embargo, posteriormente dijo que sería necesario suprimir las

diputaciones, a excepción de las vascas, y traspasar sus competencias a las autonomías, que "podrían decidir cuáles son los organismos territoriales intermedios más adecuados para el desarrollo de la coordinación institucional con los entes municipales".