La detenida de Emaya trabajaba en un departamento 'fantasma' que tenía a sueldo a agentes electorales de UM

La empleada arrestada por agentes de la Guardia Civil en el marco de la segunda fase de la Operación Ossifar, cuya identidad responde a las iniciales L.J.Z., trabajaba en un departamento presuntamente 'fantasma' que tenía a sueldo a personas al servicio de la extinta Unió Mallorquina (UM) y que era conocido como departamento de Ciudadanía, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

La arrestada se encuentra en la Comandancia del Instituto Armado en Palma aunque aún no ha comenzado a ser interrogada por los investigadores, quienes en torno a las 9.30 horas se han personado en las dependencias de la empresa pública y han procedido a la detención de la trabajadora en el marco de este caso, que indaga en concreto el desvío de entre 1 y 1,5 millones de euros públicos en la adquisición de contenedores soterrados de basuras a Seguridad y Limpiezas S.A.

El arresto se ha producido después de que el ex jefe del área de Medio Ambiente de Emaya, Germán Chacártegui, se prestase a colaborar con las investigaciones y, en dependencias de la Guardia Civil, manifestase que dentro de la compañía se comentaba que la labor de los empleados que trabajaban en el departamento orientado a la ciudadanía estaba relacionada con UM. Por entonces, la empresa estaba presidida por Cristina Cerdó mientras que la gerente era Malen Tortella -quien también fue detenida en esta operación-.

La sociedad municipal ya se encontraba bajo la lupa judicial por haber sido presuntamente utilizada para favorecer a personas afines a la formación nacionalista mediante su colocación en esta empresa.

Cabe recordar que, en el marco de la primera fase de este caso, la Guardia Civil destuvo el pasado mes de agosto tanto a Chacártegui como al administrador único de la empresa Seguridad y Limpiezas S.A., Juan Pocoví, quienes posteriormente quedaron en libertad con cargos. En concreto, sobre los imputados pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración y prevaricación.

Ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma a instancias de los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, la operación Ossifar apunta a que el Consistorio abonó por cada contenedor -se adquirieron unos 200- más de 11.000 euros, una cantidad muy superior al precio unitario del mercado en el resto de España, calculado en unos 6.000 euros. Según las pesquisas, Chacártegui, quien hasta su destitución en julio de 2009 era responsable de los servicios de recogida de basuras, habría intervenido en las presuntas irregularidades que derivaron en el sobrecoste de la compra de los 'containers'.

Así las cosas, tras detectarse estas supuestas irregularidades, el equipo de gobierno liderado por la ex alcaldesa Aina Calvo puso estos hechos en conocimiento del Ministerio Público en verano de 2009. Sin embargo, no fue la única actuación que llevó a cabo el Ayuntamiento en este sentido ya que también interpuso una denuncia ante la Comisión Nacional de la Competencia contra Seguridad y Limpiezas S.A. y otras tres empresas -Nord Engineering, Reparaciones Técnicas y Servicios Avant y Schmitdt Ibérica de Equipos de Mantenimiento de Carreteras (RTSAvant)-, que finalmente fue archivada, tal y como consta en la resolución de la Comisión a la que ha tenido acceso Europa Press.

El Ayuntamiento decidió el 10 de febrero de 2009 convocar un concurso para instalar en algunas calles de la ciudad un nuevo sistema de contenedores soterrados, que eran importados por distribuidores españoles de países como Italia y Finlandia debido a sus ventajas medioambientales. A la convocatoria concurrieron empresas locales y dos UTE -la formada por Llull Sastre Construcciones y Contratistas Mallorquines Asociados, y la UTE Adecuación Calles Palma- que resultaron adjudicatarias el 16 de marzo de estas licitaciones.

ADQUISICIÓN A UN PRECIO SUPERIOR QUE NO HA SIDO JUSTIFICADA

El expediente señala sin embargo que, tras resultar adjudicataria, la UTE Adecuación Calles Palma firmó en abril un contrato con Seguridad y Limpiezas para adquirir los denominados contenedores Easy a un precio superior al que presentó al Ayuntamiento cuando dio a conocer su oferta, sin que hasta el momento haya sido justificada esta decisión.

Cabe recordar que, en la jerarquía de Emaya, sobre Chacártegui se encontraban únicamente la ex presidenta de esta empresa y ex número dos de UM en Cort, Cristina Cerdó, quien está imputada en los casos Picnic y Maquillaje, así como la ex gerente Malen Tortella, encausada por su parte en este último procedimiento.