Empresario de Elche confiesa que se desplazaba a Mallorca para pagar un 40% de comisiones a un organismo público balear

Así lo ha puesto de manifiesto el inculpado durante su declaración en la segunda sesión del juicio que tiene lugar en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, en el marco de una causa centrada en el presunto desvío de unos siete millones de euros desde el CDEIB y cuyo principal acusado es el exconsejero de Industria, Comercio y Energía en el último gobierno de Jaume Matas, Josep Juan Cardona, para quien la Fiscalía y la Comunidad Autónoma solicitan 21 años de cárcel.

Durante la comparecencia del empresario, primero de los acusados que ha comenzado a ser interrogado, el fiscal anticorrupción Juan Carrau le ha exhibido un correo electrónico sobre el pago de una de las comisiones que abonó, y que fue incorporado al sumario hace varios años. Al ser preguntado sobre si alguien le ofreció algún tipo de beneficio por entregarlo, ha asegurado que "nadie me prometió nada a cambio de presentar el correo, solamente hice lo que mi abogado me recomendó, y nada más.

Mientras tanto, al ser interpelado por el letrado de Cardona, Miquel Arbona, Pereletegui ha explicado que era director de exportación en una fábrica de calzados en Elche cuando tomó contacto con el exdirector general de Promoción Industrial del ejecutivo balear y junto al exconsejero, uno de los principales acusados de la trama, Kurt Viaene, en torno a 2002 ó 2003.

Según ha manifestado, tras dejar la mercantil para ser consultor independiente en comercio exterior, Viaene volvió a ponerse en contacto con él para ver si quería colaborar con él en una serie de estudios de mercado, aseverando que aceptó la propuesta y a partir de ahí tuvo varias entrevistas con Viaene y con la exgerente del CDEIB, Antònia Ordinas. Finalmente, preguntado sobre si conocía o le mencionaron a Cardona, ha respondido que "como cualquier ciudadano sabía que era consejero".

En concreto, los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau achacan a Cardona la posición de líder de esta presunta trama de corrupción, mediante la cual Viaene y Ordinas planificaron y ejecutaron actuaciones dirigidas a apoderarse de los fondos públicos y emplear todas las coberturas formales necesarias a efectos de que el expolio pasara desapercibido.

El Ministerio Público apunta así al "robo sistemático" efectuado por los inculpados mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban "hombres de paja o testaferros" y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio.