Entra en vigor la nueva Ley de Extranjería, que amplía el plazo de internamiento a 60 días

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la normativa, aprobada el pasado 26 de noviembre en el Congreso con 180 votos a favor, 163 en contra y 3 abstenciones.

Para evitar actuaciones fraudulentas, como los matrimonios de conveniencia, la promoción de la inmigración irregular por medios indirectos o el falseamiento de los datos para el empadronamiento, la ley prevé nuevas infracciones.

Igualmente aumenta las sanciones económicas para todas las infracciones, que pueden alcanzar hasta los 750.000 euros.

La ley amplía el plazo de internamiento, que pasará de los 40 a los 60 días, y concede un plazo de cumplimiento voluntario de la orden de expulsión.

También reconoce los derechos de reunión y manifestación, asociación, sindicación y huelga de los extranjeros, así como el derecho a la educación hasta los 18 años y la asistencia jurídica gratuita.

La nueva norma acota la reagrupación básicamente a la familia nuclear, incluso las parejas de hecho, pero, en cambio, limita la reagrupación de los ascendientes a los mayores de 65 años.

Crea asimismo un registro para controlar las entradas y salidas de extranjeros y, por primera vez, se ofrece a las extranjeras víctimas de violencia machista la posibilidad de obtener una autorización por circunstancias excepcionales para facilitar la denuncia.

Si hay condena, se le concede el permiso de residencia y trabajo, mientras que en caso contrario, y si es ilegal, se tramita un expediente sancionador.

Además consolida la política migratoria que vincula la llegada de nuevos inmigrantes a las necesidades del mercado de trabajo, regulando con mayor concreción la situación nacional de empleo en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura y limitando las autorizaciones iniciales a una ocupación y ámbito territorial.

Del mismo modo permite a las ONG y a las entidades privadas asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados y otorga a las comunidades autónomas competencias para conceder permisos iniciales de trabajo y de residencia circunscrita a su propio territorio, entre otros asuntos.