Una cámara de la Ertzaintza, principal prueba contra un acusado de colocar fotos de etarras en un 'Zara'

El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira ha solicitado una pena de un año de cárcel para Julen Orbea Bericua esgrimiendo como principal prueba una grabación de seguridad de la Ertzaintza en la que se observa cómo participó, el 20 de agosto de 2011, en la colocación de fotografías de etarras en una tienda 'Zara' de Bilbao, durante la celebración de las fiestas de la Semana Grande.

Durante el juicio, que ha quedado visto para sentencia, el representante del Ministerio Público ha recordado que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la exhibición de fotografías de miembros de la banda terrorista ETA constituye un delito de enaltecimiento del terrorismo.

La prueba clave del procedimiento es una grabación de seguridad realizada por la policía autónoma vasca que fue colocada en la plaza Miguel de Unamuno de la capital vizcaína "en previsión de que pudieran producirse incidentes durante las fiestas", según ha declarado el responsable del operativo, que ha señalado que la Ertzaintza pudo identificar porque ya había participado en "actuaciones anteriores".

Las imágenes, para las que la Ertzaintza pidió autorización judicial, muestran cómo el acusado y otras cuatro personas que no han podido ser indentificadas colocaron carteles con la palabra 'Amnistía' y una veintena de fotografías de presos etarras en la fachada del establecimiento y a unos cinco metros del suelo, para lo cual se valieron de escobas prolongadas con pértigas.

VULNERACIÓN DE DERECHOS

La defensa de Orbea Bericua ha solicitado como cuestión previa al juicio la anulación de esta prueba argumentando que las cámaras, que fueron colocadas para evitar incidentes durante las fiestas, vulneraron "de manera flagrante" la Ley de Videovigilancia.

Su abogado, Kepa Mancisidor, ha alegado que su cliente ha sufrido "indefensión" porque la grabación no se puso en manos de un juez "en su totalidad" y se entregó excediendo el plazo máximo de 72 horas recogido en la legislación en el caso de que se hayan grabado hechos delictivos.

Tras retirarse a deliberar, el tribunal, presidido por la magistrada Ángela Murillo, ha avalado la validez de la prueba y ha acordado el visionado del vídeo argumentando que con esta medida la Ertzaintza "no vulneró ningún derecho fundamental".

Como prueba que verificaría la autoría del acusado, el fiscal ha defendido el hallazgo de varias huellas que corresponden al acusado en la pancarta que fue colocada junto a las fotografías, según han corroborado durante la vista oral varios expertos en lofoscopia que han comparecido como peritos.

NIEGA LOS HECHOS

El acusado, que sólo ha contestado a las preguntas de su abogado, ha negado su participación en los hechos que se le imputan. "No coloqué ni colaboré ni coordiné ninguna colocación ni organicé ningún grupo de colocación de fotos", ha asegurado antes de reconocer que tenía otro procedimiento abierto en la Audiencia Nacional pero fue "archivado".

El instructor del atestado que la Ertzaintza abrió a raíz de estos hechos ha declarado que la patrulla que acudió a la plaza Miguel de Unamuno pensó que los carteles estaban siendo colocados por "presuntos miembros de ETA" que llevaban "pistolas de silicona". "Echaron a correr y cuando llegamos ya no vimos a nadie", ha añadido otro miembro de la policía autónoma.

Entre las fotografías fijadas en la tienda se encontraban las de los etarras condenados por delitos de terrorismo Germán Urizar, Fernando del Olmo, Igor González Sola, Asier Mardones, Kepa Suárez, Zigor Meroio o Jon Igor Solana.