España rechaza que la Policía intervenga llamadas o correos entre abogados y sospechosos sin autorización judicial

El ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, ha rechazado este viernes una propuesta de normativa comunitaria para garantizar la asistencia letrada gratuita para los acusados o sospechosos de haber cometido un crimen porque, en su opinión, "no garantizaba de forma suficiente uno de los derechos fundamentales" como es "el derecho a la confidencialidad entre abogado y cliente" al contemplar "la posibilidad" de que los propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudieran intervenir sus llamadas o correos sin mandato judicial.

"No se puede aprobar una normativa en que la excepcionalidad a este derecho fundamental estuviese concedida no solamente a la autoridad judicial, como ocurre en España, sino a otras autoridades", ha explicado Gallardón en declaraciones a la prensa al término de la reunión de los ministros del ramo de la UE en Luxemburgo.

Gallardón ha dejado claro que España, apoyada por Italia, ha rechazado la propuesta de directiva discutida este viernes por los Veintisiete para garantizar la asistencia letrada en el conjunto de Estados miembros porque en su redacción actual preveía "la posibilidad de que fueran las autoridades gubernativas, es decir, los cuerpos y las fuerzas de seguridad --la propia Policía-- la que decidiese la intervención de una conversación, de una comunicación, o de correo electrónico o de cualquier otro sistema de comunicación entre abogado y cliente, vulnerando así ese derecho fundamental".

Ante la "oposición inicial" expresada por España para dar su acuerdo al texto y que ha sido apoyada por Italia, la Comisión Europea ha asumido "el compromiso" de modificar este punto de la propuesta "en la tramitación que ahora se inicia en el diálogo con el Parlamento (Europeo)", ha explicado el ministro de Justicia española. "Queremos agradecer la ayuda que hemos recibido de Italia por ello", ha apostillado.

A petición de España y con el apoyo de Italia, la Comisión Europea "asume el compromiso" de modificar el borrador de la directiva "fundamentalmente para considerar el derecho de confidencialidad como pilar esencial de los derechos fundamentales y, en segundo lugar, establecer también que cualquier limitación a ese derecho solamente podrá ser acordado por la autoridad judicial", ha explicado el ministro español.

Ello ha permitido que los Veintisiete hayan alcanzado un acuerdo sobre el enfoque general de la directiva como base para negociar con la Eurocámara.

La vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia, Viviane Reding, ha saludado que los Veintisiete hayan logrado "desbloquear las negociaciones" sobre la propuesta y llegar a "un acuerdo general" sobre el texto este viernes, un año después de que el Ejecutivo comunitario presentara su propuesta, para que se garanticen "los derechos de los sospechosos o personas acusadas".

"Es un logro extraordinario ya que es una iniciativa compleja con implicaciones importantes para los sistemas legales nacionales", ha agregado la comisaria, que ha confiado en que cerrar un acuerdo en primera lectura con la Eurocámara "a finales de este año".

El proyecto de directiva pretende extender en toda la UE -salvo Reino Unido e Irlanda que han decidido quedarse fuera de la negociación-- el derecho de asistencia letrada en los procesos penales para las personas sospechosas de haber cometido un crimen o en caso de que ya lo hayan cometido, incluido en el supuesto de que se trate de una persona sobre la que pesa una orden de arresto europea y la confidencialidad de las comunicaciones con su abogado. También prevé garantizar su derecho de comunicación en caso de detención con su Consulado o Embajada.

Sin embargo, la propuesta de directiva permite "derogaciones temporales" de "determinados derechos en circunstancias excepcionales y por motivos imperiosos".

Gallardón ha recordado que el derecho a la asistencia letrada gratuita ya está "implementada en estos momentos en España" y ha descartado problemas de financiación para garantizar este derecho tras recordar que los recientes aumentos de las tasas judiciales aprobadas por el Gobierno "se destina íntegramente a la financiación de la asistencia letrada gratuita". "Por lo tanto en España tenemos garantizada esa financiación", ha asegurado.

CONTRATO DE COMPRAVENTA COMÚN

Por otra parte, el ministro de Justicia español también ha reconocido el interés de España en que se apruebe "lo antes posible" otra propuesta de normativa comunitaria que han discutido este viernes los Veintisiete para introducir un contrato de compraventa común aunque ha reconocido que se trata de un asunto "complejo".

Gallardón ha defendido que a España un contrato de compraventa común "le puede beneficiar de una forma muy importante" por ejemplo para "hacer más atractivo nuestro país para que los ciudadanos europeos puedan adquirir viviendas" en nuestro país.

"Establecer unas normas comunes en relación con el derecho de compraventa, lo que hace es incrementar la seguridad jurídica y por lo tanto hacer más atractivo nuestro país para que los ciudadanos europeos puedan adquirir viviendas en el mismo", ha explicado.