España reitera su compromiso con la abolición de la pena de muerte tras el informe de la CIDH sobre esta cuestión

El informe de la CIDH, un órgano adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA), contiene recomendaciones para la abolición de la pena de muerte o la aprobación de moratorias, al tiempo que plantea la obligación de respetar las restricciones y limitaciones establecidas en los instrumentos regionales de Derechos Humanos.

España, en calidad de Estado observador, ha venido apoyando "firmemente" la labor de la OEA y del sistema interamericano de Derechos Humanos, ha explicado el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en un comunicado.

Las autoridades españolas mantienen un "firme compromiso a favor de la abolición universal de la pena de muerte", por considerarla "un castigo cruel, inhumano y degradante, contrario a la dignidad del ser humano". Además, según Exteriores, la pena capital carece de efectos disuasorios probados y tiene "consecuencias irreparables" en el caso de que se produzcan errores judiciales.

España trabaja en el seno de la ONU, junto a la Unión Europea y otros aliados, "por conseguir el mayor apoyo posible a la causa de la moratoria universal". En junio de 2013 se celebrará en Madrid el V Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, organizado por la ONG Ensemble contre la Peine de Mort (ECPM), con el apoyo y copatrocinio del Gobierno español.