España obtiene los peores resultados de su historia en percepción de la corrupción, según Transparencia Internacional

La organización Transparencia Internacional España (TIE) ha presentado este miércoles el Índice de Percepción de la Corrupción de 2015 (IPC) en el que España ha obtenido el peor resultado de su historia, 58 puntos sobre 100. Una valoración que supone una pérdida de dos puntos respecto al IPC del 2014 y que confirma el descenso que se venía ya manifestando desde hace años.

El 2013 España obtuvo 59 puntos, en 2014 mejoró con 60 y, aunque por esa pequeña subida preveía que continuara la mejora, los datos del 2015 no lo expresan así. Estas puntuaciones de los tres años anteriores, suponen, según la organización, un cambio de ciclo que se inició a partir de la crisis económica, que hizo que España pasase de puntuaciones de 7,1 a puntuaciones inferiores a 6 (el índice antes se valoraba sobre 10 puntos y no sobre 100 como en la actualidad).

Si las puntuaciones se estaban manteniendo en torno a una nota de 6, en estas tres últimas ediciones España ha alcanzado las puntuaciones más bajas de los últimos quince años y, concretamente, este año la peor. Las encuestas realizadas para elaborar el índice indican que España tiene una situación de corrupción alta entre los países del euro.

El IPC otorga una puntuación y clasifica a los territorios según las percepciones sobre el grado de corrupción que existe en el sector público. Es un índice compuesto integrado por una combinación de encuestas y evaluaciones sobre corrupción llevadas a cabo por diversas instituciones.

RESULTADOS "CATASTRÓFICOS"

El presidente de TI-España, Jesús Lizcano, ha defendido en el acto de presentación del ranking que los resultados de este índice "son representativos de lo que es la realidad" y que la puntuación que ha obtenido España este año "nunca había sido tan baja".

Otro de los asistentes al acto, el Catedrático de la URJC Manuel Villoria ha señalado que, aunque los datos no aportan mejoras, "España no posee una corrupción sistemática", es decir, que no todas las instituciones sufren casos de corrupción. En este sentido, ha destacado que existe "una grave situación de corrupción política muy serio" que hace que aumenten los índices de percepción.

"Se están haciendo reformas, pero hasta ahora son insuficientes", ha dicho el catedrático al tiempo que ha planteado que es necesario que esas reformas y leyes a favor de la transparencia y la prevención de la corrupción se desarrollen para que sean eficaces.

Por otro lado, el vicepresidente segundo de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón, Jesús Sánchez Lambás, también presente en el acto, ha calificado los resultados de España en el último IPC como "castastróficos". A su juicio, son "terroríficos para España y para la Unión Europea" y ha apuntado que la solución para mejorar las cifras es "adoptar cultura de transparencia y de alerta temprana, la educación y la cultura".

Los tres expertos han coincidido en que las medidas tomadas hasta ahora no son perceptibles y en que hay que seguir insistiendo en la lucha contra la corrupción. Además, han remarcado que los mayores problemas de corrupción que tiene España están en la política "dañan la imagen del país", pero que la situación política actual puede aprovechar "la llegada de nuevas fuerzas realmente comprometidas con la transformación institucional" que se necesitan en este terreno.

INCUMPLIMIENTO MAYORITARIO DE LA LEY DE PUBLICACIÓN DE CONTRATOS

En el acto, la organización ha adelantado un informe que refleja que las instituciones públicas incumplen mayoritariamente la normativa legal de publicación de contratos. "Existe un nivel altísimo de incumplimiento, es una valoración demoledora", ha destacado Lizcano, que ha precisado que tres de cada cuatro instituciones no cumplen con la Ley a la hora de publicar los contratos.

Según TI, un análisis de los 110 grandes ayuntamientos españoles, las 17 comunidades autónomas y los 19 parlamentos (Congreso, Senado más parlamentos autonómicos) pone de manifiesto que tres de cada cuatro ayuntamientos no cumplen la Ley 20 del 2013 de garantía de unidad de mercado, que obliga a publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Ha destacado que ayuntamientos como los de Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia, incumplan la normativa.

Tampoco cumplen esta obligación tres de cada cuatro parlamentos, incluidas el Congreso de los Diputados y el Senado. En cuanto a comunidades autónomas, son sólo tres de las 17 las que cumplen con el mandato legal de publicar la información en la Plataforma.

La organización ha ofrecido estos datos como adelanto de lo que será un análisis más exhaustivo, y ha aprovechado para instar a todas las administraciones públicas a que "cumplan en el menor plazo de tiempo posible" la obligación legal para que la información general y detallada de los contratos y licitaciones que llevan a cabo las entidades públicas españolas se encuentren centralizadas y a disposición de todos los ciudadanos.