"¡Espe, escucha, el turno de oficio lucha!"
Esta manifestación se enmarca dentro de las protestas que pretenden llevar a cabo desde la Asociación Profesional de Abogados de Extranjeros de Madrid (APAEM), la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) y la Asociación Libre (ALA). En total, representan a cerca de 4.500 profesionales.
Sus reivindicaciones comenzaron el pasado año, cuando la Comunidad de Madrid decidió abrir a concurso EL 'Servicio de Orientación Jurídica a Mayores' (SOC)'. "Ante esto, hemos presentado un recurso que ha derivado en una suspensión cautelar", declara la portavoz de APAEM, Elena García Cazorla. Ahora, el recurso se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia, por lo que "la resolución final va para largo", añade.
Ataque a los más indefensos
Tras conseguir este concurso, aunque paralizado y privatizar el servicio de traductores e intérpretes (a los que se paga menos de la mitad de lo que se hacía hasta el momento. Se ha pasado de pagar 50 euros la hora a 12), la capital ha decidido arremeter contra otro sector débil: los extranjeros sin papeles.
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, apeló a la "igualdad de derechos entre españoles y extranjeros", pero "resulta ridículo exigirles documentos de la seguridad social, declaración de la renta" como al resto, ya que, precisamente estas personas se ven desprovistas de todo ello", nos argumenta la portavoz de APAEM.
Una deuda millonaria
A estas reivindicaciones hay que sumar la de la demanda del pago de sus honorarios, "cifra que ya asciende a los 24 millones de euros", nos matiza García.
Tras el encierro que protagonizaron estos abogados el pasado 17 de febrero en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Granados se comprometió a subsanar esta cantidad.
"Lo que han hecho es liberar dinero del fondo previsto para 2009 para pagarnos lo de 2008. Es decir, que esta situación se volverá a repetir al año que viene", aclara García.
¿Por qué buscan la privatización?
"Sin duda alguna, la pretensión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, es repartir estos oficios entre las empresas que ella quiera. Al tiempo que así, se ahorrará dinero".
Un ejemplo de esto lo encontramos en los abogados que forman parte de APAEM, los cuales tienen que pasar unos cursos para acceder a sus puestos profesionales. "La idea de Aguirre es contratar a recién licenciados y pagarles mucho menos".
Por el momento, no han tenido respuesta por parte de la Comunidad. De hecho, a lo largo de la mañana no han hecho sino que pedir que Granados y a Aguirre se asomaran al balcón para ver la manifestación... pero nadie se ha dejado ver.
Más allá, la policía ha sido cautelosa hasta el extremo no dejando que los manifestantes sobrepasaran una barrera invisible que les impedía cruzar la calle hasta estar justo debajo del reloj de la puerta del Sol.