Ex consejero de Cañellas pide el archivo de su imputación y niega que resultase favorecido con contratos 'a dedo'

La defensa de Alejandro Forcades, quien fuese conseller de Economía bajo la presidencia de Gabriel Cañellas, ha pedido el levantamiento de su imputación dentro del caso Ibatur, en el marco del cual se investiga si resultó favorecido de forma irregular con tres contratos 'a dedo' que le adjudicó del Instituto Balear de Turismo, por un montante global de 20.000 euros, a través de su empresa de nuevas tecnologías SM2.

En un escrito presentado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, encargado de estas pesquisas, el letrado Gabriel Garcías niega que su patrocinado incurriese en delito alguno al presentar tres facturas por un trabajo que le fue encargado desde la empresa pública, ya que esta labor fue llevada a cabo, mientras que el hecho de pagarlo en tres partidas fue a iniciativa del Ibatur, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

En este sentido, apunta que la compañía dependiente de la Conselleria de Turismo vio más conveniente dividir en tres el contrato de 20.000 euros para agilizar el pago, si bien niega que esta práctica sirviese para eludir la convocatoria de un concurso público al ser las partidas menores de 12.000 euros -cantidad máxima que la Ley permite abonar a un proveedor sin necesidad de acudir a concurso-.

De hecho, en la declaración que prestó ante el magistrado, Forcades apuntó que su empresa, de "las más importantes de Baleares" y con una facturación de siete millones de euros al año, tiene "poco poder de negociación" con la Administración, si bien actualmente la mercantil no contrata con el Ibatur ya que "cortaron". Es más, defendió la legalidad de estos contratos menores, y aseveró que pese a que había un fraccionamiento de contratos cada uno "tenía su unidad operativa y no dependía de otro".

"Intento gobernar a través de principios y valores", llegó a espetar el ex conseller, cuya comparecencia se sumó a la de otros empresarios a los que el juez ha interrogado después de que el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional remitiese al caso un informe en el que atribuye a estos y otros proveedores haberse concertado con los responsables del Ibatur a fin de resultar beneficiados de contratos fraccionados, una práctica fraudulenta que se habría producido al margen de los procedimientos de contratación.

Sobre la labor de SM2, el actual presidente del Círculo de Economía recordó que la empresa intervenía en la web del Ibatur seleccionando y ofreciendo noticias, redactando la información y traduciéndola, mientras que también se encargaba de su agenda. Por último, subrayó que no tenía conocimiento de que su empresa ya había realizado un trabajo por el que otra mercantil, La Telaraña Informática, percibió posteriormente 30.000 euros del Ibatur.

Cabe señalar que diversos oficios policiales incluidos en esta compleja causa revelan que el Ibatur efectuó entre 2005 y 2007 un continuo fraccionamiento de contratos para que pudieran ser adjudicados de forma directa, una fórmula de que se habrían visto favorecidas unas 70 empresas.

Las investigaciones revelan que era "práctica habitual" de la empresa pública fraccionar contratos y hacerlo de dos formas diferenciadas, es decir, por un lado una sola mercantil facturaba varios contratos menores por un único evento diversificando los conceptos, mientras que por otro se aprecian supuestos de fraccionamiento de contratos cuyo origen es sustancialmente idéntico.