Ex consejero balear defiende la legalidad de los contratos que percibió del Ibatur ya que eran de "trabajos distintos"

Alejandro Forcades, quien fuera consejero de Economía con Gabriel Cañellas (PP) como presidente del Gobierno balear, ha defendido como imputado ante el juez instructor del caso Ibatur la legalidad de los contratos menores que su empresa de nuevas tecnologías SM2 percibió del Instituto Balear de Turismo, al aclarar que cada uno de ellos "obedecía a trabajos distintos". De esta forma, ha negado que resultase favorecido 'a dedo' con pagos divididos en partidas inferiores a 12.000 euros, cantidad máxima que la Ley permite abonar a un proveedor sin necesidad de convocar un concurso público.

Así lo ha puesto de manifiesto ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, durante una comparecencia en la que ha precisado que pese a que había un fraccionamiento de contratos cada uno "tenía su unidad operativa y no dependía de otro". Sin embargo, tras recordar que eran sus comerciales quienes primero contactaban con la empresa pública, ha negado que éstos le informasen de todos estos expedientes, ya que "controlarlo todo es imposible", si bien ha manifestado hacerse "responsable".

"Intento gobernar a través de principios y valores", ha espetado el ex consejero, cuya comparecencia se suma a la de otros empresarios a los que el magistrado ha citado a declarar después de que el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional remitiese al caso un informe en el que atribuye a estos y otros proveedores haberse concertado con los responsables del Ibatur a fin de resultar beneficiados de contratos fraccionados, una práctica fraudulenta que se habría producido al margen de los procedimientos de contratación.

Forcades, defendido por el abogado Gabriel Garcías, ha especificado que los comerciales o 'account manager' vieron la posibilidad de alimentar la página web del Ibatur aunque ha recordado que fue "mucho antes", a comienzos de la legislatura del Pacte de Progrés (1999-2003), cuando acudió al organismo dependiente de la Consejería de Turismo para solicitarles contrataciones y que "hicieran concurso". De hecho, ha aseverado que de la legislatura posterior, con Jaume Matas al frente, "nunca" llegó a ver a quien era gerente del Ibatur y que al entonces consejero Joan Flaquer sólo le conoce "de lejos".

SM2 Y EL IBATUR ACABARON "CORTANDO" SU RELACIÓN

En cualquier caso, ha apuntado que su empresa, de "las más importantes de Baleares" y con una facturación de siete millones de euros al año, tiene "poco poder de negociación" con la Administración, si bien actualmente la mercantil no contrata con el Ibatur ya que "cortaron".

Sobre los contratos investigados, el encausado ha incidido en que "la unión de tres facturas responde a trabajos distintos", aunque estén relacionados, y ha manifestado que no le es "extraño" que la Administración trabaje de esta forma.

Sobre la labor de SM2, el actual presidente del Círculo de Economía ha recordado que la empresa intervenía en la web del Ibatur seleccionando y ofreciendo noticias, redactando la información y traduciéndola, mientras que también se encargaba de su agenda, sobre la cual ha asegurado desconocer si otras empresas también se encargaban de ella. Por último, ha subrayado que no tenía conocimiento de que su empresa ya había realizado un trabajo por el que otra mercantil, La Telaraña Informática, percibió posteriormente 30.000 euros del Ibatur.

Cabe señalar que diversos oficios policiales incluidos en esta compleja causa revelan que el Ibatur efectuó entre 2005 y 2007 un continuo fraccionamiento de contratos para que pudieran ser adjudicados de forma directa, una fórmula de que se habrían visto favorecidas unas 70 empresas.

Las investigaciones revelan que era "práctica habitual" de la empresa pública fraccionar contratos y hacerlo de dos formas diferenciadas, es decir, por un lado una sola mercantil facturaba varios contratos menores por un único evento diversificando los conceptos, mientras que por otro se aprecian supuestos de fraccionamiento de contratos cuyo origen es sustancialmente idéntico.

Cabe recordar que esta compleja causa permaneció bajo secreto durante más de año y medio, y en sus distintas fases policiales fueron detenidas hasta un total de 18 personas, entre ellas los ex gerentes del Ibatur Raimundo Alabern y Juan Carlos Alía -el único de los imputados que ingresó en prisión-, y el ex secretario y ex asesor jurídico de la empresa pública, Miquel Àngel Bonet.