Exalcalde de Benalmádena dice que no era su obligación conocer la norma para subasta de coches

"Este juicio me parece increíble", ha indicado Bolín en su declaración en la vista oral celebrada en la Sección Novena de la Audiencia contra el exregidor, por supuestas irregularidades en la enajenación mediante subastas de coches retirados de la vía pública, muchos de ellos intervenidos judicialmente.

Bolín, que fue alcalde durante 35 años, según ha dicho, ha explicado que se tomó esta decisión ante el problema "acuciante" de que "no teníamos capacidad para tantos coches" retirados de la calle y ha admitido que no revisó los expedientes ni el pliego. Ha apuntado que la subasta se desarrolló de forma "legal" y "normal" y que formó parte de la mesa de contratación constituida.

Ha señalado que los expedientes sobre coches intervenidos judicialmente era competencia de la Policía, que no le comunicó, ha dicho, ningún problema; y ha indicado que en la mesa de contratación estaban los técnicos, que en ningún caso, ha reiterado, le informaron de ilegalidad alguna. Además, ha apuntado que ningún particular ni agente de seguro habló con él de este asunto.

Por todo esto, "no era consciente de discrepancias", ha asegurado, y tan sólo firmó lo que le dijeron. Por contra, el fiscal sostenía que en septiembre de 2005 aprobó una resolución para la enajenación de vehículos, mediante el sistema de subasta, haciéndose 11 lotes, cada uno con varios vehículos. Se adjudicaron cuatro, mientras que uno se retiró por donación del titular y se declararon desiertos los restantes.

Según el ministerio público, el acusado dictó esas resoluciones "a sabiendas de que entre los vehículos había algunos que se encontraban intervenidos judicialmente", los cuales fueron subastados "prescindiendo de la autorización de los juzgados" correspondientes; mientras que otros "eran propiedad de las compañías aseguradoras que habían indemnizado a sus anteriores propietarios".

El fiscal acusó inicialmente a Bolín de delitos de prevaricación, apropiación indebida y malversación y solicitó en sus conclusiones provisionales que se le impusieran siete años de prisión, 14 de inhabilitación para empleo o cargo público y ocho de inhabilitación absoluta.