Exalcaldesa de Rota dice que sus funciones en Ayuntamiento eran políticas, no "escudriñar" expedientes

La exalcaldesa del PP en el Ayuntamiento de Rota (Cádiz) Eva Corrales, que ha declarado este miércoles como imputada en el juicio por el 'caso Uniformes', ha manifestado que concurrió a unas elecciones "para ejercer labores políticas, no administrativas" y tampoco para "escudriñar" expedientes.

Así lo ha manifestado durante su declaración ante la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz, que juzga la supuesta adjudicación irregular desde 2004 de contratos de suministros por parte del Ayuntamiento y empresas municipales a mercantiles relacionadas con el también exalcalde Lorenzo Sánchez (RRUU) y otros responsables municipales, los cuales también están imputados en la causa.

A preguntas del fiscal, ha explicado que no tenía conocimiento de la prohibición de los concejales de contratar con el Ayuntamiento, y tampoco sabía si Lorenzo Sánchez u otros miembros de la Corporación tenían participación o intereses en alguna empresa, ya que la declaración de bienes era una cuestión "privada" con el secretario del Ayuntamiento.

Ha comentado que no supo que Lorenzo Sánchez tenía relación con las empresas Coanda y Epis Rotasur hasta 2007, cuando el PSOE llevó al Pleno una moción solicitando información sobre los pagos del Ayuntamiento a empresas de éste.

Como se recordará, según la tesis de la Fiscalía, Coanda Costuras --con la que también contrató el Ayuntamiento-- vino a sustituir a las dos anteriores en 2008 para "burlar la prohibición de contratar con la entidad local" y que no aparecieran como titulares o administradores el exalcalde ni los exconcejales Montemayor Laynez (RRUU) y Antonio Alcedo (PP), también imputados por presuntos delitos de prevaricación y gestión interesada.

En cualquier caso, Corrales ha dicho que en ese momento "desconocía" las limitaciones que impone a los concejales la Ley de contratos del sector público. Además, el Ayuntamiento "nunca ha contratado con personas físicas" y ella "no sabía" quién estaba detrás de las empresas, lo que ha enfatizado que no entraba en sus funciones.

"SIN OBJECIONES" PARA APROBAR

Preguntada sobre varias Juntas de Gobierno Local en las que se aprobó la adjudicación de contratos de suministro a alguna de las empresas investigadas, ha aseverado que entendía que todo lo que se incluía en el orden del día tenía "todos los parabienes" de la Secretaría General del Ayuntamiento, o de manera "puntual" podía incluirse algún punto con "cuestiones técnicas que se pueden subsanar".

Sobre la existencia de informes contrarios del interventor, ha dicho que los informes no solían leerse literalmente en las Juntas de Gobierno. Según ha dicho, solía preguntarse al secretario del Ayuntamiento --también imputado-- "si todo estaba bien" y se aprobaba el punto si no manifestaba "ninguna objeción".

Ha dicho que ella "no redactaba los pliegos" y que si quedaba alguna cuestión pendiente de subsanar en algún asunto no hacía "comprobaciones" a posteriori, ya que de ello se encargan "los técnicos municipales y no dudo de ellos".

En cuanto a las ausencias de algunos miembros de la Junta de Gobierno Local a la hora de votar determinados puntos, ha dicho que era una cuestión "normal", que no le resultó "extraña" alguna ocasión y que "jamás" preguntaba a los ausentes los motivos.

Sobre el sistema de pago con vales de compra en las delegaciones municipales y la firma de contratos, ha dicho que "se supone que han pasado ya todos los filtros habidos y por haber" y que "no miraba" a quién se compraba --por el sistema de vales-- o con quién se contrataba.

A preguntas de su abogado, ha dicho que no conocía "de nada" a Lorenzo Sánchez antes de entrar en el Ayuntamiento y que fue en 2003 cuando comenzaron a tener relación, pero exclusivamente "de trabajo", ya que Roteños Unidos y el PP, partido del que "soy todavía", gobernaron en coalición durante 12 años en Rota.

En la sesión de este miércoles han declarado, además de Corrales, otros seis imputados, cinco de ellos exconcejales del PP: Juan Antonio Liaño, Auxiliadora Delgado, Antonio Peña --actual alcalde de Chipiona-- e Ismael Puyana.

Los cinco primeros han coincidido en desconocían que otros miembros de la Corporación tuviesen intereses en empresas, han defendido la legalidad de los procedimientos y han asegurado que "jamás" se aprobó ningún punto sobre el que el secretario general hubiese planteado alguna objeción durante la celebración de la Junta de Gobierno Local.

PACHECO PUYANA

Sí ha reconocido una relación de amistad anterior con Lorenzo Sánchez el exconcejal del PP Ismael Puyana, quien empezó a trabajar en el Ayuntamiento como peón y posteriormente aprobó unas oposiciones para trabajar como funcionario en la Delegación de Fiestas del Consistorio. En 2007 pidió una excedencia especial de su puesto y ejerció como concejal durante un año aproximadamente, ejerciendo responsabilidades en dicho periodo en las delegaciones de Fiestas, Personal y Turismo.

Las preguntas del fiscal se han centrado fundamentalmente en la empresa Pacheco Puyana --a la que, tras aprobarse en marzo de 2009 en Junta de Gobierno Local, la empresa municipal Aremsa encargó la construcción de ocho bateas para la Delegación de Fiestas--, que creó su esposa al 50 por ciento con la esposa de Lorenzo Sánchez --también imputada-- en mayo de 2006.

Según ha explicado, la esposa de Lorenzo Sánchez le manifestó a finales de ese año que quería salir del negocio, proponiendo a su socia que adquiriese su participación otro imputado al que la Fiscalía le atribuye el papel de supuesto testaferro de Lorenzo Sánchez.

Pese a que la mujer del exalcalde vendió su participación a finales de 2006 al supuesto testaferro, no se formalizó en escritura pública ni dejó de aparecer en las cuentas hasta el año 2009, lo que Puyana ha atribuido a una cuestión de "dejadez".

Ha asegurado que no intervino ni influyó de ninguna manera en la adjudicación de las bateas y que, de hecho, se enteró por su hermana --que trabajaba en la empresa--, a la que "le extrañó que no lo supiera" él.

Puyana ha explicado que cuando entró a formar parte de la Corporación comentó al secretario general que era apoderado de la empresa. Asimismo, ha apuntado que figura en algunas cuentas por si su mujer o su hermana no podían en algún momento hacer alguna gestión.

UN "ERROR"

También ha prestado declaración como imputado el encargado del Departamento de Compras del Ayuntamiento, quien ha aclarado con su testimonio que el contrato de suministro de material --vestuario laboral-- por importe de 29.000 euros a la cooperativa Coanda se tramitó como un contrato menor y no como un contrato mayor debido a un error suyo en la tramitación del expediente de compra.

El acusado ha dejado claro que no percibe ningún tipo de retribución complementaria a su sueldo, que no tiene ninguna relación con Lorenzo Sánchez o su entorno y que desconocía cualquier vinculación con la empresa.

También ha aclarado que solía invitar a participar siempre a las mismas empresas porque eran "las habituales" en el Ayuntamiento y con las que venía contactando su antecesor en el cargo, contratándose con estas también en la etapa anterior del PSOE.

El juicio afronta este jueves su tercera sesión con la declaración del resto de imputados, entre los que figuran el secretario general, el exalcalde Lorenzo Sánchez y su esposa. El juicio volverá a retomarse el lunes, estando prevista la declaración de más de 30 testigos hasta el día 27.

Las dos últimas sesiones se dedicarán a que las partes expongan sus informes finales, quedando visto para sentencia el próximo día 31.